Indicador político/Carlos Ramírez

SCJN colapsa sistema de justicia;

paro retrasa aplicación de la ley

El sector judicial –el Consejo de la Judicatura Federal y sus sindicatos– se pronunciaron por paro de labores de una semana, en lugar de una declaratoria formal de huelga o de utilización de la salida legal del amparo. El fondo es muy importante: el tema de los fideicomisos no se trata de violaciones al contrato colectivo de trabajo, sino de ejercicio de facultades legales sobre presupuestos públicos por sectores.

En una estructura judicial que va muy atrás de la dinámica en la aplicación de la ley, una semana de retraso en resoluciones judiciales creará un enorme tapón a la impartición de Justicia, al grado de que jefes de tribunales colegiados pidieron a sus secretarios llevarse expedientes a su casa para trabajar sobre resoluciones pendientes, porque a partir del 25 habrá un congestionamiento de expedientes a resolver.

El debate se reduce a los fideicomisos del sector judicial que se han creado con dinero público no supervisado, lo que deben llevar a una revisión del mecanismo de fideicomisos en el manejo del presupuesto público en todas las dependencias, incluyendo también algunas en las que la presidencia de la República los ha autorizado para manejo paralelo de recursos públicos.

El paro de una semana en las labores del Poder Judicial colapsó el sistema de impartición de Justicia. Los trabajadores no han visto acciones gubernamentales contra sus salarios y prestaciones de ley, sino que están apoyando las actividades de la élite judicial que se mueve en los territorios de fideicomisos paralelos que se utilizan para consolidar prestaciones adicionales de bienestar adicionales al contrato colectivo de trabajo.

La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, cayó en la trampa que le pusieron para llevarla a una confrontación directa con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la República, utilizando mecanismos de presión que afectan el principio de la impartición de Justicia en los tribunales de la República. Un día de retraso en el funcionamiento de los tribunales genera acumulación de rezagos que afectan el principio de equidad jurídica en los conflictos vigentes.

La decisión de cerrar los tribunales se tomó sin una estrategia operativa de tipo administrativo y los magistrados y secretarios no fueron informados de la mecánica para cerrar las puertas a los tribunales, sobre todo porque, como ocurre en el sector médico, hay litigios de vida o muerte que requieren de atención inmediata y que ahora fueron abandonados en el escritorio hasta el miércoles 25 en que se reanuden actividades después de una semana de paro laboral.

El concepto de paro tiene legalidad jurídica, pero los trabajadores sindicalizados cuentan con el instrumento de la huelga para protestar contra violaciones al contrato colectivo de trabajo. Y de acuerdo consideraciones jurídicas, los fideicomisos no forman parte de las reglas laborales en el sector judicial, por lo que la inactividad autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal para todo el Poder Judicial no entra en el terreno laboral.

El exministro José Ramón Cossío Díaz mostró la existencia de caminos jurídicos para atender las decisiones presupuestales del poder legislativo al disolver los fideicomisos: el juicio de amparo, un mecanismo que sustituye la confrontación de llevar al grado extremo de detener por una semana el funcionamiento de todo el Poder Judicial, colapsando de manera grave y acumulativa la prestación del derecho constitucional a la justicia.

La ministra presidenta de la Corte prefirió el camino de la confrontación directa con el Ejecutivo al suspender durante una semana el funcionamiento del Estado de derecho y desde la estructura de impartición de Justicia, incumpliendo el compromiso de la justicia expedita para quienes padecen o pueden padecer castigos judiciales por expedientes en desahogo.

La paralización de actividades del Poder Judicial, por lo tanto, afecta a más a los ciudadanos que al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo y se convierte en un mecanismo de presión extralegal para obligar a la autoridad a tomar decisiones en el sentido de un grupo de interés y no en función del interés público.

Si se quiere equiparar el paro judicial bien pudiera recordarse el plantón del candidato López Obrador en 2006 en Paseo de la Reforma para obligar al Tribunal Electoral a anular las elecciones presidenciales por denuncias de una de las partes. La ministra presidenta de la Corte usa el paro judicial para bloquear decisiones de instituciones del Estado.

Una semana de paro judicial causará daños inconmensurables a la impartición de justicia.

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