Indicador Político/Carlos Ramírez

El INE, cuarto poder o la paradoja de la democracia como dictadura

Una cosa es que las tareas electorales sean funcionales a la práctica de la democracia y otra cosa que el Instituto Nacional Electoral quiera erigirse como el Supremo Poder de la Democracia.

Las tareas fundamentales del INE son muy claras: definir el padrón electoral, organizar elecciones, contar los votos y concluir resultados electorales. Sin embargo, desde su origen el IFE-INE se ha erigido en el organismo que determina y califica la existencia de una democracia.

Mientras no se cambie el sistema político y el régimen de gobierno, México vive en un sistema democrático determinado por el sistema representativo: el pueblo elige a sus gobernantes y a sus legisladores a través del ejercicio del voto, pero la democracia se define en las prácticas parlamentarias y de gobierno.

Muy buena parte de los recursos y las funciones prácticas del INE se han realizado y ejercido para convertirlo en el eje que define la democracia y no tanto en su práctica sino en su retórica, como si el organismo electoral fuera el Instituto Nacional de la Democracia.

La democracia no es un régimen de gobierno, sino un método para acceder al poder. Tampoco la democracia es una meta ideal de funcionamiento universal, sino que representa el funcionamiento de las relaciones de poder para que la mayoría tenga capacidad en las iniciativas públicas.

El debate en torno a la reforma electoral y a la gestión de Lorenzo Córdova Vianello en el INE se está dando en el escenario de lo que puede considerarse como una paradoja de la democracia: constituir un gobierno a partir de la participación plural de la sociedad, pero arribar a una forma de administración que raya en la dictadura, y a la que se pueda acreditar en paráfrasis el apotegma de Fidel Castro a los intelectuales: con la revolución todo, contra la revolución ningún derecho. En el discurso de Córdoba se aprecia esa mentalidad autoritaria: con la democracia todo, contra la democracia ningún derecho.

El sistema representativo en la formación de leyes tiene todo el derecho y hasta la obligación de formular y reformular las instituciones y reglas de la convivencia política, siempre y cuando se cumpla con el criterio de la mayoría: si Morena y sus aliados no consiguen la mayoría calificada de dos terceras partes de los votos para modificar la Constitución, tienen todo el derecho de aprovechar su mayoría simple para las reformas que permitan las leyes.

El absurdo democrático de la dictadura de la democracia que promueve el INE de Córdova quiere llevar a la inmovilidad de una de las instituciones que requiere de reformas permanentes. El Consejo General del INE no funciona como un recurso administrativo para administrar las decisiones del órgano electoral, sino que se ha convertido en una especie de Cámara de Notables en la que once personas dictaminan qué es la democracia y qué no es y se dedican a obstaculizar el desarrollo de la democracia para perfeccionar a la democracia, lo que está llevando al modelo estudiado en Europa del fundamentalismo de la democracia o a la dictadura de la democracia.

El ejemplo de la democracia más antidemocrática está en Estados Unidos: el sistema representativo es producto de juegos de intereses de los sectores más poderosos en lo económico, político y militar, convirtiendo al capitolio en una agencia de aprobación de leyes que en 95% benefician a los grupos de poder y solo 5% a la sociedad.

El INE fue inventado por Carlos Salinas de Gortari en 1990 para no perder el control político de las elecciones a favor del PRI y para ello creó el embudo del Consejo General para definir y administrar la democracia institucional priista, ahora contrastada con la democracia participativa que con todo su derecho y sus votos Morena está empujando en función de su mayoría. Las reformas a los órganos electorales son necesarias para romper con su dependencia de grupos y bloques de poder y arribar instituciones que representen los intereses de la sociedad, pasando, en primer lugar, por la urgencia de desaparecer el Consejo General de Notables y construir un instituto a base de funcionarios profesionales ajenos a los intereses y complicidades con los partidos.

Este es el escenario en el que se debe discutir la reforma política-electoral del presidente López Obrador y de Morena y que se debería de perfeccionar para romper con la estructura del actual sistema representativo que han construido el PRI y sus aliados, incluyendo a la burocracia intelectual que se apoderó del discurso electoral.

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