Indicador político/Carlos Ramírez

Reformar estrategia de seguridad

ante poder cuasimilitar del crimen

Por enésima ocasión la estructura sistémica del país –Estado y fuerzas sociales– están aplicando la estrategia quilt para encarar la presencia y fortalecimiento inusitado de un poder criminal que ha sido reconocido de manera oficial como cuasimilitar: abordar la crisis de la estructura de seguridad por pedazos y luego tratar de entretejerlos en una cobija de parches.

El escenario de seguridad está muy claro: de un parte, el Estado fortalece su aparato de seguridad a partir del enfoque militar de que se está en una fase de guerra contra un crimen organizado que está capturando y ocupando espacios territoriales e institucionales de soberanía del propio Estado; de otro parte, el activismo social enarbola una lucha conceptual contra la seguridad, sin preocuparse que esté acotando márgenes de movilidad a las autoridades en beneficio de la expansión delictiva; y las instancias intermedias de representación –poderes legislativo y judicial y partidos– carecen de autonomía relativa para representar-interpretar a la sociedad y poco a poco van cayendo bajo el poder férreo de la estructura autoritaria presidencialista.

Los gobiernos sexenales no han sabido ser Estado; es decir, han carecido de fundamentación jurídica, política y sistémica para definir líneas de acción que vaya más allá del grupo circunstancial en el poder y cada nuevo relevo en las instituciones políticas de decisión llegan a inventar el hilo negro o el agua tibia.

El punto central que debe definir cualquier debate en temas de seguridad está a la vista de todos: desde la crisis de 1985 con el caso Camarena y la disrupción del primer cártel autónomo del narcotráfico, la estructura pública se ha ido hundiendo en el desprestigio, la corrupción, la incompetencia y la ineficacia, en tanto que el crimen organizado –aún sin articulación orgánica entre las diferentes bandas– ha llegado al punto que reveló la iniciativa de reforma de la Guardia Nacional presentada el 31 de agosto por el Poder Ejecutivo federal: un poder cuasimilitar, es decir, una estructura que le disputa el monopolio de la violencia al Estado en función de intereses de los líderes criminales, mientras las autoridades son incapaces de representar los intereses de la sociedad.

El gobierno lopezobradorista ha aportado elementos analíticos parciales y desagregados de que el fondo del problema radica en la incapacidad del Estado para construir una estrategia institucional que no solo combata en las calles al tráfico de drogas y a la violencia delictiva, sino que defina un marco jurídico integral que deje de estar operando sobre parches entretejidos de diferentes tipos de telas y de colores.

Durante la discusión en el Congreso de las propuestas de reforma a la Guardia Nacional y ahora Secretaría de la Defensa nacional nadie le dio importancia al argumento de que todo lo que se está haciendo para reorganizar o reordenar el desorden en la estrategia de seguridad tiene que ver con la caracterización estricta del adversario: no se trata de delincuentes de poca monta, sino de organizaciones criminales ya con estructuras transnacionales que tienen capacidad de fuerza armada irregular para confrontar, combatir y disputarle espacios territoriales a las fuerzas institucionales de seguridad, al grado de que los cárteles pueden ponerse al tú por tú con policías municipales, estatales y federales y que la Guardia Nacional que tiene capacidad de fuego todavía superior a la delincuencia se encuentra en fase de no-operación para no crear las condiciones de batallas a balazos en las calles.

La última línea de defensa de un Estado en la defensa de su soberanía externa y sobre todo de su soberanía interna como parte de la doctrina constitucional de seguridad interior se encuentra en las Fuerzas Armadas regulares. La intervención del Ejército y la Marina en actividades de apoyo a la Seguridad Pública basados en la doctrina constitucional de la seguridad interior ha sido el último dique de contención a la expansión del crimen organizado, sin que se hayan puesto en riesgo las instituciones políticas civiles ni se le haya cambiado de noción política-civil al régimen de Gobierno.

El eje dinamizador del debate sobre seguridad no se localiza en los derechos humanos ni en los tratados internacionales, sino en la existencia reconocida de manera oficial por el Estado de que el crimen organizado representa un poder cuasimilitar y que el objetivo final de los cárteles y bandas delictivas se encuentra en tomar el control del Estado, de sus instituciones y del territorio para imponer la hegemonía criminal.

Lo demás… es lo de menos.

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Política para dummies: La política es el ejercicio del poder, ya sea para la sociedad o para intereses no sociales.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

[email protected]

http://elindependiente.com.mx

@carlosramirezh

Canal YouTube: https://t.co/2cCgm1Sjgh

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Reformar estrategia de seguridad

ante poder cuasimilitar del crimen

Por Carlos Ramírez

Por enésima ocasión la estructura sistémica del país –Estado y fuerzas sociales– están aplicando la estrategia quilt para encarar la presencia y fortalecimiento inusitado de un poder criminal que ha sido reconocido de manera oficial como cuasimilitar: abordar la crisis de la estructura de seguridad por pedazos y luego tratar de entretejerlos en una cobija de parches.

El escenario de seguridad está muy claro: de un parte, el Estado fortalece su aparato de seguridad a partir del enfoque militar de que se está en una fase de guerra contra un crimen organizado que está capturando y ocupando espacios territoriales e institucionales de soberanía del propio Estado; de otro parte, el activismo social enarbola una lucha conceptual contra la seguridad, sin preocuparse que esté acotando márgenes de movilidad a las autoridades en beneficio de la expansión delictiva; y las instancias intermedias de representación –poderes legislativo y judicial y partidos– carecen de autonomía relativa para representar-interpretar a la sociedad y poco a poco van cayendo bajo el poder férreo de la estructura autoritaria presidencialista.

Los gobiernos sexenales no han sabido ser Estado; es decir, han carecido de fundamentación jurídica, política y sistémica para definir líneas de acción que vaya más allá del grupo circunstancial en el poder y cada nuevo relevo en las instituciones políticas de decisión llegan a inventar el hilo negro o el agua tibia.

El punto central que debe definir cualquier debate en temas de seguridad está a la vista de todos: desde la crisis de 1985 con el caso Camarena y la disrupción del primer cártel autónomo del narcotráfico, la estructura pública se ha ido hundiendo en el desprestigio, la corrupción, la incompetencia y la ineficacia, en tanto que el crimen organizado –aún sin articulación orgánica entre las diferentes bandas– ha llegado al punto que reveló la iniciativa de reforma de la Guardia Nacional presentada el 31 de agosto por el Poder Ejecutivo federal: un poder cuasimilitar, es decir, una estructura que le disputa el monopolio de la violencia al Estado en función de intereses de los líderes criminales, mientras las autoridades son incapaces de representar los intereses de la sociedad.

El gobierno lopezobradorista ha aportado elementos analíticos parciales y desagregados de que el fondo del problema radica en la incapacidad del Estado para construir una estrategia institucional que no solo combata en las calles al tráfico de drogas y a la violencia delictiva, sino que defina un marco jurídico integral que deje de estar operando sobre parches entretejidos de diferentes tipos de telas y de colores.

Durante la discusión en el Congreso de las propuestas de reforma a la Guardia Nacional y ahora Secretaría de la Defensa nacional nadie le dio importancia al argumento de que todo lo que se está haciendo para reorganizar o reordenar el desorden en la estrategia de seguridad tiene que ver con la caracterización estricta del adversario: no se trata de delincuentes de poca monta, sino de organizaciones criminales ya con estructuras transnacionales que tienen capacidad de fuerza armada irregular para confrontar, combatir y disputarle espacios territoriales a las fuerzas institucionales de seguridad, al grado de que los cárteles pueden ponerse al tú por tú con policías municipales, estatales y federales y que la Guardia Nacional que tiene capacidad de fuego todavía superior a la delincuencia se encuentra en fase de no-operación para no crear las condiciones de batallas a balazos en las calles.

La última línea de defensa de un Estado en la defensa de su soberanía externa y sobre todo de su soberanía interna como parte de la doctrina constitucional de seguridad interior se encuentra en las Fuerzas Armadas regulares. La intervención del Ejército y la Marina en actividades de apoyo a la Seguridad Pública basados en la doctrina constitucional de la seguridad interior ha sido el último dique de contención a la expansión del crimen organizado, sin que se hayan puesto en riesgo las instituciones políticas civiles ni se le haya cambiado de noción política-civil al régimen de Gobierno.

El eje dinamizador del debate sobre seguridad no se localiza en los derechos humanos ni en los tratados internacionales, sino en la existencia reconocida de manera oficial por el Estado de que el crimen organizado representa un poder cuasimilitar y que el objetivo final de los cárteles y bandas delictivas se encuentra en tomar el control del Estado, de sus instituciones y del territorio para imponer la hegemonía criminal.

Lo demás… es lo de menos.

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Política para dummies: La política es el ejercicio del poder, ya sea para la sociedad o para intereses no sociales.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

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