Miscelánea, salud y política/Judith Álamo López

INTERMINABLE RECUENTO DE LOS DAÑOS

“La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve”: Martin Luther King

Las tragedias con pérdidas de mexicanos se suceden cada día. A los homicidios de los sacerdotes jesuitas y el guía de turistas en la Sierra Tarahumara, se sumaron los muertos de cada día, así es la cotidianidad, sólo nos dejamos conmover por aquello casos que nos estrujan los sentidos, como el ajusticiamiento de una joven cantante presuntamente a manos de su senil y prepotente esposo; ayer, la imagen de más de medio centenar de  migrantes muertos por asfixia en la caja de un trailer; hoy, el asesinato de Antonio de la Cruz, periodista de Tamaulipas.

En cada caso hay presuntos responsables de los crímenes, pero si nos atenemos a las estadísticas nacionales, las posibilidades que los culpables reciban castigo son muy bajas, pues en México, el 99% de los delitos quedan en la impunidad, según reveló la organización Impunidad Cero en los resultados de su Índice estatal de desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021, la cual concluye que las fiscalías anticorrupción resuelven menos del 1% de sus investigaciones.

La impunidad alienta el crimen, no importa que tengamos una ejemplar y moderna estructura jurídica, que seamos una nación adherida a los principales organismos multilaterales defensores de derechos humanos, laborales, ambientales, etcétera, que impulsemos la cooperación internacional en comercio, justicia, cultura… si nuestro Estado de derecho no garantiza la seguridad de todas las personas que integran la población ni el castigo a quienes transgreden el orden jurídico.

La corrupción, ese cáncer que lacera a México desde antes de su vida independiente, la misma que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció acabar para catapultarse, pero una vez en el poder ha propiciado acciones que la han robustecido. ¿Cómo? Mediante la incorporación en altos y medianos mandos públicos de personas sin las capacidades ni habilidades requeridas, ya que «más el 98% de los puestos de la Administración Pública se asignan de manera discrecional».

Al comentar el útimo informe del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC), de la Universidad de Guadalajara, Mauricio Merino Huerta, director del mismo, afirmó que «en México durante 2020, de 3 mil denuncias de corrupción sólo 9 se judicializaron». Respecto a la asignación de contratos con recursos públicos, en el mismo año de referencia, el  79% se adjudicaron directamente, sin cumplir con los requisitos de ley respecto a montos para licitaciones y demás controles.

Para rematar, el doctor Merino señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) «es un avión que tiene todos los instrumentos necesarios para enfrentar a los corruptos, pero es un avión estacionado, no se usa». Y por precaución, ante las airadas reacciones de López Obrador frente a sus críticos, descartó que «haya tiro» -deseos de pelea- ,  y recalcó: «es necesario que el Gobierno de la llamada 4T eche a andar el SNA».

Merino Huerta se suma a los intelectuales que observan en nuestro presidente la tendencia a procrastinar, o sea postergar voluntariamente para mañana lo que es necesario hacer hoy. En el caso de un mandatario, la falta de oportunidad en la toma de decisiones, hará que a su pueblo el destino les alcance, y las consecuencias de no haber actuado a tiempo, se agraven.

Piers Steel, un profesor de Psicología de la Universidad de Calgary y autor de The Procrastination Equation, señala que la autoconciencia es una pieza clave para entender por qué procrastinar nos hace sentir mal. Cuando procrastinamos, no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino también de que hacerlo, es probablemente una mala idea, y aún así, lo hacemos. Quizá eso explique el rictus de amargura o dolor que se ha acentuado en el rostro del mandatario. Podría sufrir inconscientemente, porque en forma consciente miente.

Hemos normalizado tanto la violencia que el gobierno actual no repara en las consecuencias de no actuar conforme a sus atribuciones en contra de la delincuencia, para detener la escalada de violencia es necesario aplicar la ley. Tampoco ve la necesidad de adoptar de forma urgente una nueva estrategia de seguridad pública. Inexplicable.

A la consternación papal por el asesinato de dos sacerdotes jesuítas y el guía de turistas Pedro Palma, en la sierra Tarahumara, siguió la condena del Episcopado mexicano a la fracasada estrategia gubernamental de seguridad y la declaratoria de los rectores de las universidades jesuitas  de México como “Estado fallido”.

En la homilía en honor los padres Javier Campos Morales (Padre Gallo) y Joaquín César Mora  (Padre Morita), en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, frente a los féretros con sus restos, el reclamo de la comunidad jesuita a través del padre  Javier, «El Pato» Ávila, fue directo:  “Ya no alcanzan los abrazos para tapar tantos balazos. En México, el Estado está rebasado, las declaraciones de AMLO son nada comprometidas con el pueblo, lo siento muy alejado a la realidad del país”.

Aunque el mandatario contestó a clérigos que siguen  “apergollados” por la oligarquía mexicana y los cuestionó por “no seguir el ejemplo del papa Francisco», respecto a que «la violencia no se resuelve con más violencia», hoy acabó por rehuir  la responsabilidad federal y culpó al ineficiente gobierno de Chihuahua por lo ocurrido. Es tiempo de que los clérigos expliquen a los feligreses, en cada iglesia católica, por qué el Gobierno Federal tiene que actuar.

A la polémica en materia de inseguridad, impunidad e injusticia se incorporó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual patrocinó la serie periodística «Caníbal, indignación total», cuyo objetivo es «mover conciencias» contando la historia del asesino serial  Andrés Mendoza, responsable de haber quitado la vida a cuando menos 19 mujeres.

¿Visibilizar el perfil de un feminicida serial ayudará a tomar conciencia o a la prevención del delito? Ojalá, las y los televidentes atentos puedan reconocer algunos rasgos característicos de los predadores al inicio de su cadena de crímenes. El perfil del sanguinario asesino que retrata esta serie, presenta a un hombre con imagen vulnerable, débil físicamentede, desaseado y procaz. Dan náuseas al observar el cuartucho donde metía a sus víctimas para destazarlas y cometer otras acciones malignas.

Después de ver dos capítulos, puedo señalar que se exhibe nuestra precariedad e incompetencia en materia de investigación del delito e intervención forense y se transparenta la impunidad en que por casi cuatro décadas operó un asesino cometiendo una veintena de homicidios. El riesgo, en contrapartida, es estigmatizar a los vagabundos o personas en estado de abandono o de calle.

Sin minimizar el esfuerzo profesional hecho por todo un equipo interdisciplinario bajo los auspicios del Poder Judicial,  y a reserva de terminar de ver el documental,  creo que a la Suprema Corte le corresponde centrar sus esfuerzos en aplicar la justicia pronta y expedita, acabar con la impunidad casi total que anima a los delincuentes, resolver el voluminoso rezago judicial e impulsar su digitalización institucional.

También es prioritario contribuir a que se cumpla el Estado de derecho y acotar al Jefe del Ejecutivo a fin de que actúe conforme a sus atribuciones, acorde al marco jurídico vigente, que no acapare partidas presupuestales de otros sectores ni desvíe recursos destinados. por ejemplo, a preservar la salud mental y a mantener operando los hospitales psiquiátricos, si no es ahí ¿dónde se tratará a las personas dementes?

Prevenir el delito es tarea de todos, instituciones gubernamentales, educativas, organizaciones sociales. Hombres y mujeres desde la niñez debemos educarnos en la necesidad de hacer crecer el respeto y la tolerancia entre la diversidad de géneros, aprender a colaborar en igualdad y equidad.

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