Impone Morena mayoría, avanza al Senado dictamen sobre juicio político

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de septiembre de 2021.- Luego de casi ocho horas de discusión que iniciaron minutos después de las 23 horas del 1 de septiembre, la mañana de este jueves el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo particular y con cambios, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia (desafueros) y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

A pesar del esfuerzo de la oposición y el alto número de votos que emitieron, no le alcanzó pues Morena utilizó su mayoría simple y junto con aliados lograron imponerse, primero, alrededor de las tres de la madrugada, en lo general con 273 votos a favor y 220 en contra, y después en lo particular con 266 a favor y 205 en contra.

En la discusión en lo particular, donde se hicieron poco más de 60 reservas, se avaló la presentada por el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña que beneficia al Presidente de la República pues modifica los artículos 19, 33, 37 y 41 del decreto, los cuales establecen que las sesiones para los procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia sean siempre de carácter presencial.

Asimismo, que no se deje de lado la presunción de inocencia en los delitos por los que el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado en el tiempo de su encargo.

En tanto, el cambio más significativo en beneficio de la figura presidencial, señala que para aprobar o no una resolución sobre la probable responsabilidad del titular de la Presidencia de la República, se requiera la mayoría calificada de las dos terceras partes de las y los senadores presentes.

El documento completo con los artículos reservados en términos del decreto y las modificaciones aceptadas por la Asamblea, se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Objetivo de la reforma  La iniciativa, que tiene por objeto regular los procedimientos de juicio político, desafueros, y responsabilidad penal del presidente de la República, propone, entre otros puntos, definir los sujetos de responsabilidad política en el servicio público, así como las causas, sanciones, órganos competentes y los procedimientos para desahogar los asuntos mencionados.

Asimismo, establecer que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Determinar que, si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará a la persona servidora pública con destitución y/o inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público desde diez hasta treinta años, entre otros puntos.

Al fundamentar el dictamen, el diputado de Morena Jaime Pérez Bernabé señaló que una de las principales consecuencias de esta iniciativa, sería la abrogación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual calificó como anacrónica, plagada de vericuetos legales e incompatible con las ideas de combate a la corrupción e impunidad.

“La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ha de dar un paso a la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, un marco jurídico moderno, respetuoso del debido proceso, pero, sobre todo, que corresponde con agilidad, legalidad y justicia a la demanda colectiva que nos dice ‘no más impunidad’.

Impunidad, que se ha refugiado por décadas en el fuero, esa mal utilizada figura constitucional que concede inmunidad procesal penal a los altos servidores públicos y que en realidad ha servido para fraguar un esquema de protección para las complejas redes de corrupción y delincuencia organizada desde la función pública”, aseveró. Señaló que, se trata de regular el procedimiento constitucional que permitirá someter a juicio penal al Presidente, cuando en el ejercicio de su función incurra en delitos de traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

Oposición señala vacíos en reforma  Durante la discusión en lo general, los legisladores de oposición criticaron la premura con la que quisieron aprobar este dictamen, y la calificaron como un instrumento de poder y venganza, en ese sentido, la diputada del PAN, Annia Gómez sostuvo que el dictamen no está cerca de solucionar la corrupción.

“Debemos garantizar la autonomía a los estados, sin importar el partido o ideología en turno, y que no sean sometidos a las decisiones del poder federal. Esta ley retoma figuras procesales antiguas que ya no tienen cabida en el sistema de justicia mexicano; tiene un espíritu de venganza en contra de los estados que no se han dejado intimidar por el centralismo que tanto daño ha hecho”, apuntó.

En tanto, el diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza indicó que la iniciativa presenta deficiencias que vulneran los principios básicos de los derechos humanos, el debido proceso y atenta contra la separación de poderes, además, dijo, carece de una adecuada discusión y le faltan instrumentos técnicos.

“Debemos legislar responsablemente respetando los principios e instituciones políticas emanadas de la Constitución. No se trata de un texto jurídico, sino de un instrumento político, cuyos vacíos legales y deficiencias se transforman en un potencial peligro para la estabilidad del clima político y social del país”, advirtió.

Mientras que, en la discusión en lo particular el coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, acusó que con esta reforma se da protección especial al Presidente con estrategias de propaganda, “se dice que quieren una ley más fuerte para el desafuero para que la oposición reaccione y digan después que se está protegiendo a los corruptos”, sostuvo.

Por su parte, el panista José Elías Lixa, indicó que con estas reservas se crea un régimen de excepción para la o el Presidente, pues se genera una protección especial al requerir una votación de dos terceras partes.

  “Es un funcionario público protegido por el fuero y lo que proponen es que no sea juzgado como cualquier otro”, señaló.

El también panista, Jorge Espadas señaló que el Ejecutivo no pude ser tratado con un régimen diferente, y recordó que la iniciativa original establecía que todas y todos en el Poder Ejecutivo y Legislativo debían ser separados del encargo, pero en el dictamen avalado se retiró esa parte.