Los golpes de inseguridad durante el sexenio de Juan Manuel Carreras

SAN LUIS POTOSI, SLP., 23 de agosto 2021.- En números fríos, el sexenio que encabeza Juan Manuel Carreras López y concluye el próximo mes, estará cerrando con 250 mil 969 delitos, hablando solo de los que se han denunciado de manera oficial.

De estos, cuatro mil 880 fueron Homicidios y 161 Feminicidios, entre otros ilícitos como robos patrimoniales, asaltos, violencia familiar, lesiones, robo de vehículo o robo a casa habitación.

De acuerdo con el recuento de cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSPS) en lo que respeta a delitos del fuero común, la gestión carrerista comenzó con un corte de 21 mil 419 delitos totales al cierre del 2015: 392 homicidios, 2 mil 723 casos de lesiones y siete feminicidios.

Cabe citar que aunque en ese tiempo aún no estaba tipificado el feminicidio, se hizo un análisis jurídico y reclasificaron los casos.

Para su primer año de gestión completo, 2016, el Gobierno del otrora Secretario de Educación terminó con 28 mil 613 delitos: 500 homicidios, 4 mil 180 lesiones y ocho feminicidios más; la cifra aumentó notablemente un año más tarde, con 35 mil 179 delitos; 712 fueron homicidios, 4 mil 331 lesiones y otros 18 feminicidios compraron 2017. Para 2018 la gestión de Juan M.

Carreras finalizó con con 38 mil 362 ilícitos; 899 homicidios, 3 mil 618 lesiones y ya alcanzando 27 feminicidios más; mientras que en 2019 se presentó un aumento considerable, cerrando con 52 mil 288 delitos; 853 homicidios; 5 mil 324 lesiones y 28 feminicidios.

El año pasado, en el cual inició la pandemia de Covid 19, terminó con 45 mil 808 registros delictivos; 967 homicidios; 4 mil 279 lesiones y 27 feminicidios.

Finalmente, para el primer semestre del 2021 hay un acumulado de 29 mil 300 delitos, 557 homicidios, 2 mil 701 lesiones y 16 feminicidios.

SACUDIDAS EN LA FISCALÍA, LOS PRINCIPALES CASOS Derivado de esta ola delictiva en San Luis, la procuración de justicia se vuelve tema obligado y de saldos pendientes; hay casos mediáticos que aun no se resuelven y mantienen dudas respecto del papel que ha desempeñado la Fiscalía General del Estado (FGE).

Un cambio que ponderó el mandatario estatal durante su último informe de Gobierno, fue la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la transformación de la Procuraduría a Fiscalía, generando autonomía para esta institución; pero entre los temas pendientes hay incluso de relevancia internacional, como la búsqueda y localización del padre Eduardo Córdoba Bautista y el esclarecimiento del homicidio del desaparecido priista, Aurelio Gancedo.

Sobre ambos temas, el titular de la FGE, Federico Garza Herrera, mencionó que el sacerdote es buscado por la Policía Internacional (Interpol) y sigue bajo investigación, incluso llevan una bitácora para informar todo avance al Poder Judicial federal.

El caso del cura, acusado de violación por más de 100 niños y jóvenes, detonó en abril del 2014, desde entonces ya no se supo más de él; respecto a la muerte del político Aurelio Gancedo, ocurrida en enero de 2020, hay una persona detenida pero la FGE no ha concluido con total claridad lo que sucedió, el cuerpo del político fue encontrado sin vida al interior de su vehículo, un día después de reportarse su desaparición.

El presunto responsable de estos hechos es José Luis N., un ingeniero de 32 años. Otro tema que ha levantado ampollas, donde incluso la familia de Federico Garza estuvo involucrada, es el caso Cayeyo, ocurrido el 5 de mayo del 2017, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada de auxilio en uno de los fraccionamientos del Club de Golf Campestre, donde una persona había sido privada de la vida a balazos, fue hasta 2019 cuando el caso comenzó a esclarecerse.

La víctima, Eugenio N., tenía una relación sentimental con una de las hijas del titular de la FGE. Fue sentenciado el 20 de mayo de 2019 a 32 años y seis meses de prisión, es hijo de un empresario ganadero que incluso habría sido cliente de Garza Herrera.

Alejandro Fernández, un funcionario del DIF Estatal, fue acusado de abuso sexual y aprehendido en 2019; su caso sigue en proceso pese a múltiples denuncias de padres de menores víctimas del funcionario; otros señalamientos contra la FGE son en el sentido de desigualdad en la prontitud de la justicia, ya que temas como el asesinato del líder empresarial, Julio César Galindo Pérez, fueron esclarecidos en cuestión de horas, mientras que la mayoría de las personas tardan años para obtener justicia o terminan por dejar a un lado sus denuncias.