Opinión/José Luis Camacho Acevedo

El PVEM: entre el delito y la antidemocracia

La del Partido Verde mexicano es una historia plagada de componendas entre sus líderes y el poder en turno, por la vía del dinero sucio, y de traiciones a los postulados ecológicos universales y fundamentales.

Desde ya hace bastantes años que el PVEM no es sino la caja fuerte del grupo que lo está dirigiendo en un momento determinado.

Una caja bastante atractiva para cualquier bandido, apoyada con los recursos provenientes del INE y lo que obtienen de esquilmar a alcaldes que ganaron bajo las siglas del Verde.

Hoy el INE tiene la Espada de Damocles sobre el cuello político del PVEM.

Es por las sanciones que debe de imponer a causa de la violación de la veda electoral cometida por el VERDE el pasado domingo, transmitiendo apoyos para sus siglas a través de mensajes emitidos por un grupo de influencer en redes sociales.

Esos influencer, que pueden ser un éxito en su campo de acción, no representaban para nada a la sociedad mexicana ante su obligación de votar por un cambio que mejore al país en todos sentidos.

No me imagino a personajes ya muy traqueteados en el mundo de la farándula como Raúl Araiza, actor y conductor de Televisa leyendo la Constitución mexicana o un libro de política social.

De igual manera creo que tendrán mucho para mejorar su status de conocimientos políticos la modelo Celia Lora, el actor Gabriel Soto o la controvertida conductora Laura G.

El PVEM, violador contumaz de las leyes electorales debe ser sancionado de una manera ejemplar.

La sociedad no merece pasar el trago amargo de ver como sus impuestos van a parar financiando a los partidos, que están en manos de una pandilla de delincuentes con disfraz de políticos, y que gastan los recursos públicos de una forma ineficaz e irresponsable.

El daño cometido por el PVEM tanto a nuestro proceso de afirmación democrática, como a la imagen del espectro de los partidos políticos mexicanos es muy grande.

La condena a los influencer es irrelevante. Ellos fueron contratados, necesitaban el ingreso y aceptaron.

Pero el caso del PVEM como institución financiada por el estado, es un caso a todas luces punible, pero que, si el desenlace deja una impronta de impunidad, estaremos regresando décadas en nuestro intento de convertirnos en un país de leyes, genuino y libre.