Miscelánea, salud y política/Judith Álamo López

Votemos para decidir el futuro de la Nación

Tenemos el poder de hacer una diferencia, pero necesitamos votar: Kylie Jenner

Estamos a sólo siete días del cierre del debate electoral y a 10 de las elecciones en que poco más de 90 millones de electores votarán para decidir quiénes ocuparán 20 mil 415 cargos de elección popular, y el clima del proceso electoral ha sido de violencia.

Llegar a este momento ha sido un camino sinuoso y sangriento especialmente para los 88 candidatos asesinados (según Etellekt Consultores)  y más de 500 políticos y aspirantes víctimas de atentados, a partir de septiembre de 2020 a la fecha.

Creció en un 64% la violencia global con respecto al proceso 2017-2018.

¿Cuándo normalizamos la violencia? ¿Cómo van las investigaciones de los crímenes cometidos? ¿Están las autoridades ocupándose de garantizar la seguridad necesaria para que en la cercana jornada electoral se garantice el respeto a la voluntad popular?

Para los gobiernos federal y locales es prioridad garantizar el clima de Estado de derecho, respeto a la ley y a las garantías individuales y sociales el próximo primer domingo de junio.

¿Qué operativos se han previsto para controlar a las bandas criminales que han evidenciado su presencia e influencia en los comicios más grandes en la historia nacional?.

La fallida política de «abrazos no balazos» contra la delincuencia ha demostrando su capitulación. Es necesario que el gobierno aplique contra los criminales todo el peso de la ley. Es una demanda ciudadana que no admite interpretaciones.

Algunos datos que revelan alianzas inconfesables -ya sean voluntarias o coercitivas- entre candidatos y grupos delictivos es que el 89% de las víctimas son aspirantes de partidos opositores al gobernante.

Recordemos: la máxima en criminalística es que el  principal sospechoso de cada crimen es quien resulta beneficiario de la muerte. Analicemos en donde hubo víctimas quiénes se alzarán como los ganadores.

A eso hemos llegado en estas elecciones, la lucha por el poder es mortal y tienen las de ganar quienes impulsan la barbarie para decidir el triunfo.

Muchos aspirantes han declinado por la intimidación de grupos delictivos aliados a la opción política corrompida, afín a la riqueza mal habida proveniente de la protección de grupos delincuenciales desde puestos de autoridad política o legislativa.

Más allá de ofenderse, el Gobierno Federal debe considerar la afirmación del  general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, hecha el pasado mes de marzo, asegurando que del 30 al 35% del territorio nacional está controlado por el crimen organizado.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene identificadas a 37 agrupaciones delictivas en el país, de las cuales el 70% opera en 14 de los 15 estados que tendrán elecciones estatales para renovar gobernador el próximo domingo 6 de junio.

Según Expansión Política en estos 14 estados operan siete cárteles y 26 células delictivas, entre estos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel del Pacífico, los Arellano Félix, la Familia Michoacana, el cártel de los Carrillo Fuentes, los Beltrán Leyva y los Caballeros Templarios.

Tanto impresentable hemos visto en la pasarela electoral, igual de la oposición que del partido gobernante, exhiben su pobreza moral: desde el serrano que trató de amedrentar a la autoridad en complicidad con su compadre presidente y el dirigente de su partido, pasando por el manoseador de compañeras que acusa de montajes o el pederasta que sin rubor asegura que lo entramparon.

No hay límites, ni disculpas públicas, el cinismo es tal que nada los convence de retirarse de la ubre del poder y sus privilegios.

El nepotismo es también corrupción. Vemos que un grupo más grande de políticos que ya probaron los privilegios de ocupar algún puesto de elección siguen con la encomienda de reelegirse o en su defecto heredar su cargo a su cónyuge o a sus hijos.

Las candidaturas indígenas es otro de los tópicos que hacen avergonzarnos por la falta de ética en la lucha por conseguir el poder. Hace 17 años la ley estableció el derecho a las personas indígenas de participar como candidatas, se trató de compensarlas así de la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado.

Fué en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, donde se promovió la igualdad de oportunidades y de trato para participar en la vida política, económica, cultural y social del país.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificó los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, con el objetivo de promover la participación de grupos históricamente discriminados.

El proyecto, que deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propone para diputaciones por mayoría relativa la participación de personas indígenas en 21 distritos con presencia étnica, de las cuales 11 deberán ser mujeres.

La Red Nacional Indígena ha denunciado que 132 aspirantes a candidatos han sido usurpados por mestizos que se hacen pasar por indígenas, por lo que  exigen a los políticos, partidos y autoridades, que respeten la ley y no usurpen los espacios que no les corresponden.

Un ejemplo de trasgresión y abuso del poder lo representa la candidatura «indígena» de Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del primer mandatario, a quien acusan de no ser indígena y no obstante obtener un Distrito  reservado para una candidatura de auto adscripción calificada para representación indígena, de Palenque Chiapas. Esta candidatura, fue ratificada por el Tribunal Electoral Regional, con sede en Jalapa, Veracruz.

Indígenas Kumiay, de Baja California, también acusaron ante el Tibunal Electoral de esa entidad a militantes de la coalición «Juntos Haremos Historia», por falsificar acreditaciones y usurpar la identidad indígena, ellos son Jorge Eduardo Vega, María de Lourdes Ostos y María del Rocío Serna Serna. Este asunto está pendiente de resolución, como muchos más similares.

Recordemos que hace tres años, luego de unos comicios democráticos, triunfó en las urnas Andrés Manuel López Obrador, como candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de la República.

Las instituciones del Estado actuaron y le garantizaron un clima de estabilidad y libertad para construir su proyecto de gobierno.

Parecía un triunfo épico, según coreaban los auténticos y los advenedizos autoproclamados líderes de izquierda, quienes  para entonces se multiplicaron y aplaudían al líder moral de Morena y reclamaban emocionados hasta las lágrimas su protagonismo en la revolución pacífica librada por más de 30 años.

¿Pero qué pasó en ese azaroso camino al poder? ¿Qué ocurrió para que el hombre capaz de recibir el sufragio esperanzador de 30 millones de electores se olvidara en los hechos de sus promesas de campaña, en principio de su tan proclamada austeridad republicana y decidiera vivir con el lujo y esplendor del Palacio Nacional?. 

Tanto críticó a Los Pinos, y eligió acondicionar como vivienda -con el oneroso gasto que representa- un museo histórico, lujoso, recinto de tesoros nacionales, que sólo se utilizaba para cenas especiales en fechas conmemorativas o visitas de jefes de Estado de otras naciones y para recibir las cartas credenciales de embajadores externos.

En contrasentido, declaró museo dedicado a exhibir la ostentación de la Residencia Oficial de los Pinos, y queriendo emular al presidente Benito Juárez, quien fue partidario de la austeridad republicana y es uno de sus próceres favoritos y también uno de los ilustres residentes de Palacio.

Cada día vemos las contradicciones del presidente López Obrador, desde el principio, sin duda, representa a un gobierno autocrático, un sistema de gobierno regido por la voluntad de una sola persona, el centro del poder es él.

Estamos en la antesala de decidir por la vía pacífica e institucional qué país queremos ser, si queremos continuar con la opción de Morena y sus partidos aliados -del Trabajo y Verde Ecologista- integrados en la coalición «Juntos Haremos Historia»

O si queremos fortalecer el camino a la democracia a través de las otras opciones partidistas: PRI, PAN y PRD,que conformaron la coalición «Va por México», o por Movimiento Ciudadano que contiende solo pero apoyará a esta alianza.

La otra opción es sufragar por alguno de los tres partidos políticos que recién obtuvieron su registro y participan solos: Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México.

Para eso son las elecciones, para que luego de  evaluar con objetividad las acciones de gobierno, los ciudadanos decidamos libremente por quién votar. El gobierno tiene la obligación de garantizar el clima de paz necesario.

Como precaución vaya temprano, con determinación a ejercer su derecho al voto, es libre y secreto, y es indispensable para definir el rumbo que tomará el país.

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