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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 25 de abril 2021.- Las reformas que el Senado de la República está votando en la ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) tendrán serias consecuencias, especialmente afectando a víctimas de delitos como la desaparición forzada, algo por lo que se han manifestado distintos colectivos a nivel nacional.
El abogado penalista, Emmanuel Adrián Gutiérrez de la Fuente, quien colabora con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), explicó que lo más grave que trae consigo esta reforma, es que se regresa al sistema inquisitivo dejándole al ministerio público el poder de decisión, vulnerando los derechos de las víctimas, como en el caso de desaparición, buscar perseguir la desaparición, sin velar por encontrar a los desaparecidos.
La FGR tampoco tendrá que colaborar con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), donde apoyaba con forenses y policías en las diligencias para localizar restos humanos e incluso personas con vida, también absorbe al Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), que es la institución más importante para la profesionalización de especialistas en ciencias forenses y que integraba estudiantes de universidades como la Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Colegio de Ciencias Forenses.
En esta parte, le retiraran la autonomía y serán responsables en la FGR de su funcionamiento, otro punto que destacó el abogado, Emmanuel Gutiérrez, fue que ahora la institución procuradora de justicia federal, absorberá los delitos en los que las víctimas señalen irregularidades en la investigación de las fiscalías estatales, aunque sean delitos del fuero común, aunque destacó que esto no está regulado y serán más tardado los casos ya que las delegaciones estatales de la FGR, cuentan con mínimo personal a comparación de las fiscalías estatales.
Finalmente el colaborador de la CEDH, y abrigado penalista, señaló que los problemas irán más allá de las quejas de las víctimas y su vulneración de derechos, sino que está en riesgo de perder apoyos internacionales que le otorgan al país para seguir implementando el sistema acusatorio, ya que regresaría al modelo inquisitorio, «regresaríamos al sistema inquisitivo donde el fiscal y el ministerio público tienen la última decisión sin tomar en cuenta los derechos de las víctimas y de las personas detenidas, esto podría traer consecuencias, probablemente hasta en los financiamientos en los que México continúa recibiendo para la implementación del sistema acusatorio».