De Primera Mano/Rodulfo Reyes Aguilar

La delgada línea entre lo público y lo privado

El programa para combatir la obesidad mórbida del Ayuntamiento de la capital tabasqueña ha reabierto el debate sobre el mal uso de las redes sociales en temas de la vida íntima, pues como las herramientas digitales carecen de regulación legal no existe la frontera entre lo público y lo privado.

En su primer informe de Gobierno rendido el sábado 14 de diciembre pasado, el alcalde Evaristo Hernández Cruz anunció que la comuna apoyará con cirugías bariátricas a 100 habitantes con sobrepeso del municipio, para lo cual se destinará entre nueve y 15 millones de pesos.

De acuerdo con el edil, la obesidad es un problema muy grave de salud que deriva en enfermedades como infartos agudos al corazón, diabetes, insuficiencia renal e hipertensión arterial, entre otras, por lo que combatirla reduciría los gastos del sector salud para tratar estos males.

Un mes después, el martes 14 de enero, el Ayuntamiento capitalino dio a conocer el programa ‘Pierde peso, gana vida’, mediante el cual se obsequiarán 100 cirugías de ‘bypass gástrico’ a personas con gordura extrema y con problemas de hipertensión o diabetes.

Hernández Cruz expuso que la alcaldía aportará el 50 por ciento del costo de las cirugías, que ronda en los 140 mil pesos cada una, y la otra parte la pondrá el reconocido médico bariatra Roberto Cisneros.

El proyecto se pone en marcha para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con obesidad mórbida, y la convocatoria será lanzada en los próximos días para elegir a los individuos que son candidatos a la cirugía, dijo.

Serán 25 intervenciones quirúrgicas por mes, y los beneficiados del programa recibirán asesoría nutricional y psicológica por parte del médico participante, agregó.

Derivado del anuncio, las redes sociales mostraron su peor cara y comenzaron una carnicería de personajes públicos que presuntamente ya se han hecho este procedimiento con cargo al erario municipal.

Las acusaciones que violan la privacidad aseguran que existe una lista de personas vinculadas a la política que ya fueron intervenidas y que el pago fue absorbido por el Ayuntamiento capitalino.

Esto es, según los señalamientos, el programa de Evaristo Hernández va dirigido a políticos y funcionarios, y no a los habitantes de Centro que enfrentan este grave problema.

Cualquier manual de Periodismo enseña que la vida privada de un funcionario no puede ventilarse en los medios mientras no afecte su desempeño público.

Si después de la convocatoria y el sorteo de los ciudadanos que se harán acreedores al beneficio, se demuestra que fueron políticos y servidores públicos los favorecidos, solo entonces sería materia periodística y podrían darse a conocer los nombres, pues evidentemente se incurrió en un conflicto de interés.

Pero exhibir personas, por más públicas que sean, como pacientes de la medicina bariátrica no lo acepta el periodismo profesional.

Acaso por eso no son medios tradicionales los que están detrás de la campaña de linchamiento, sino cuentas particulares.

Uno de los calumniados –un diputado cuyo nombre se mantiene en reserva para que esta columna no caiga en la misma conducta aquí denunciada– ya hizo pública su intención de presentar una demanda penal, pero en realidad se trata de un juicio civil para reparar el daño moral a su persona.

El problema es que las redes sociales no están reguladas, por lo que cualquier sujeto puede actuar impunemente sin la posibilidad de que sea llamado a cuentas.