Indicador político/Carlos Ramírez

La agenda secreta de Barr:

opioides y entrega de Ovidio

Carlos Ramírez

Apenas el 17 de diciembre de 2019, anunciada ya la segunda visita oficial a México del fiscal o secretario del Departamento de Justicia de Donald Trump, William Barr, a México, la directora de Opioides de esa dependencia, Amanda Liskkamm, se presentó ante el comité del poder judicial del Senado para decretar la lucha contra las drogas sintéticas como prioridad número uno del gobierno de la Casa Blanca.

De ahí se desprende el hecho de que el primer expediente de Barr en México haya sido la exigencia por segunda ocasión de la extradición de Olvido Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán y encargado de la exportación ilegal de fentanilo, la esencia de droga sintética que se ha colocado como la responsable número 1 de muertes en los EE. UU. y caracterizada por Los Angeles Times como “el nuevo gran asesino de EE. UU.”.

En su declaración ante el senado, Liskkamm señaló de manera directa al Cártel del Pacífico de El Chapo Guzmán como responsable del tráfico ilegal de esa droga. Pero también de manera directa, la funcionaria anunció la decisión de la Casa Blanca para “atacar y desmantelar el Cártel Jalisco Nueva Generación” y adelantó la acusación de 14 líderes del CJNG a través de la Ley Kingpin, una legislación especial que dio poderes a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del gobierno estadunidense para atacar a las redes financieras de narcotraficantes en cualquier país del mundo donde se encuentren los cárteles dedicados al tráfico de fentanilo.

En los expedientes de la DEA y del Departamento de Justicia tienen a Ovidio Guzmán López y al Cártel del Pacífico en la lista de prioridades. El conflicto en Culiacán en octubre –cuando se quiso arrestar a Ovidio con fines de extradición– tuvo que ver con las presiones del Departamento de Justicia en los cargos de tráfico de fentanilo. De acuerdo con Listin Diario, el DOJ (siglas en inglés del Departamento de Justicia) de la Casa Blanca tiene identificados a los responsables latinoamericanos del contrabando de ese producto que sirve para fabricar drogas medicinales con mezclas irregulares que han aumentado la muerte de estadunidenses. Y LA Times señaló que en 2018 murieron en los EE. UU. más de 312 mil personas por consumir droga adulterada.

Los datos de la DEA y de Justicia de los EE. UU. dejan entrever que Ovidio Guzmán López cuenta con la protección de algunas oficinas de seguridad de México y por ello la Casa Blanca designó nada menos que al jefe de Justica para venir a México a explicar la prioridad. De la segunda reunión en México, algunas fuentes mexicanas dicen que Barr se fue con el compromiso formal de México de arrestar –ahora sí– a Ovidio Guzmán López y extraditarlo a los EE. UU.

De paso, la visita volvió a entregar los datos de la DEA de su Evaluación de octubre de 2018 DEA-DCT-DIR-032-18 sobre la presencia de cárteles mexicanos en el tráfico y venta de drogas dentro de los EE. UU. Cuando menos seis cárteles mexicanos operan con violencia el tráfico de droga en los EE. UU.: el Cártel del Pacífico, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, el Cártel de Los Zetas y la organización de Los Beltrán-Leyva.

Pero a diferencia de reuniones anteriores, ahora la Casa Blanca esgrime la estrategia para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, con la facultad anunciada en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 de ir hasta los países sede de estas organizaciones que operan en los E. UU. pero con sus cuarteles centrales en Mexico y otros países de América Latina. La Ley Kingpin, promovida por los senadores Diane Feinstein y Paul Coverdell, autoriza al gobierno de los EE. UU. a atacar a los cárteles en sus países sede, no sólo en territorio estadunidense. Ello implicaría un aumento de los efectivos de seguridad, inteligencia, seguridad nacional y antinarcóticos de Washington en México, con o sin la autorización del gobierno mexicano.

El nivel de autoridad de Barr como fiscal general o jefe del Departamento de Justicia fue usado para presionar a los funcionarios mexicanos, aunque la línea estratégica de la estrategia de seguridad y narcotráfico del gobierno se opera desde Palacio Nacional y no en el gabinete de seguridad. No hubo plazos para entregar a Ovidio, pero quedó la impresión de que tendría que ser en el corto plazo por la agenda electoral de Trump, aunque con las evidencias de que el Cártel de el Chapo no entregará a Ovidio sin dar una pelea violenta igual o peor a la de octubre pasado.

La visita de Barr dejó en claro que la prioridad en la relación con los EE- UU, serán los tres temas vitales para la Casa Blanca: narcotráfico, narcoterrorismo y seguridad nacional.

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Política para dummies: La política consiste en eludir presiones, no en ocultarlas.

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