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CUERNAVACA, Mor., 16 de enero de 2019.- El enfrentamiento ya público entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Morelos tiene al estado en semiparalisis del gobierno.
Los diputados rechazaron el presupuesto enviado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, anuncia que trabajará con el paquete económico de 2018 y diversos entes oficiales se en encuentran semiparalizados. Se cruzan acusaciones de corrupcion, de amenazas.
Desde el ejecutivo filtran versiones de que los diputados pidieron moche de 10 millones por cabeza para aprobar el presupuesto 2019 mientras que los legisladores lo niegan y aseguran han recibido amenazas de parte del gobernador Cuauhtémoc Blanco.
Cabe señalar que el congreso local está partido en dos. Se formó un bloque denominado G15 conformado por 15 diputados que incluso han solicitado la remoción del presidente cameral Alfonso Sotelo y de la presidenta de la comisión de hacienda Rosalina Mazari.
Ambos ya se ampararon en la justicia federal contra esa medida. El poder judicial también ya se amparó pues con el veto al presupuesto 2019 se quedaría con los mismos recursos del 2018. En el mismo tenor la fiscalía busca rescatar su presupuesto 2019.
Del lado oficial se veta el presupuesto porque dicen tienen manera de ejercer el excedente de casi 2500 millones de pesos por otras vías, ya que esos ingresos son por participación federal.
Sin embargo se queda en crisis entes como la UAEM, municipios indígenas de nueva creación y diversos programas. Aunado a este enfrentamiento con el poder legislativo, el gobernador Cuauhtémoc Blanco encara al alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, a quien acusa de servir a los intereses desestabilizadores del ex gobernador Graco Ramírez y del ex candidato Rodrigo Gayosso.
Hasta ahora, todos los frentes políticos abiertos, los ha perdido el gobernador Blanco. Aunado a ello, los organismos empresariales y la clase política local se aglutinan en torno al alcalde Antonio Villalobos y hay un grado de inconformidad alto y de franca animadversión hacia José Manuel Sanz, jefe de la oficina de la gubernatura, que es blanco de todas las críticas y señalamientos.
Entre el propio gabinete loa secretarios acusan que su estilo es impropio, que se conduce a veces a gritos e improperios y ha habido muchos desencuentros con el. Empero, han hecho esfuerzos por hacer prevalecer la institucionalidad. El problema, acusan, es que su equipo cercano es zalamero y poco profesional.
De hecho, a esta batalla política no es ajena la prensa local, dividida en dos bloques: la llamada institucional y la considerada incluso enemiga. No hay nadie que atienda a los medios pero además desde el área oficial, se descalifica a algunos. Aunque no se acercan a nadie. Quienes defienden al actual gobierno, lo hacen de manera prácticamente oficiosa.