Guatemaltecos desalojados de predios se refugian en México

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chiapas, a 10 de junio del 2017.- Al menos, 700 guatemaltecos, entre ellos niños y jóvenes adolescentes, que el pasado 2 de junio fueron desalojados por la Policía Nacional Civil (PNC) del predio San Andrés Laguna Larga, ubicada en la reserva de la Biósfera Maya, San Andrés, Petén, se refugiaron en el ejido El Desengaño, perteneciente al municipio de Candelaria, en el estado de Campeche.

En un comunicado, firmado por un centenar de organizaciones defensoras de los derechos humanos de México y Guatemala, denunciaron que tras el desalojo que realizó la PNC, unos 700  indígenas guatemaltecos, en su mayoría niños, niñas, mujeres y adultos mayores, huyeron hacía la frontera de Guatemala con México, tras caminar por la selva del Petén por varios kilómetros ante las inclemencias del tiempo, se refugiaron en territorio mexicano.

Las organizaciones externaron su preocupación por la una situación de enfermedades gastrointestinales y cutáneas que presentan las personas, alojadas en 35 carpas en mal estado y sin suficiente alimento, agua y atención médica.

A pesar de la crisis humanitaria, las autoridades federales presentes impiden a las personas acudir al poblado más próximo bajo amenaza de deportarlos, denunciaron.

En una primera visita por parte de organizaciones locales al Ejido El Desengaño, representantes de la comunidad desplazada señalan que fueron recibidos por una comitiva del gobierno de México y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, quienes ya sabían que llegarían a ese lugar; sin embargo, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) les han intimidado y amenazado durante este fin de semana que si continúan su camino en México serán detenidos y deportados inmediatamente a Guatemala.

Por su parte, el Comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosado, al momento de pedir personalmente la debida atención de la situación, señaló que el gobierno mexicano no comprará problemas de extranjeros, en lo que suponemos una referencia a que la postura del gobierno federal será negar la condición de refugiadas para estas personas, señalaron las organizaciones.

Por lo que como organizaciones de la sociedad civil que acompañamos en esta situación a los «hermanos guatemaltecos», nos preocupa una respuesta igualmente de violación a los derechos humanos para las personas desplazadas, siendo que vienen huyendo para salvar su vida e integridad desde Guatemala, violación al derecho de asilo y principio de no devolución, compromisos que ambos gobiernos están obligados a cumplir por ser mandatos de Naciones Unidas.

FUERON DESPLAZADOS POR ÓRDEN JUDICAL, PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIOSFERA

Las familias guatemaltecas fueron expulsadas por “una orden de desalojo emitida por un juzgado de Petén, (donde) el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP argumenta como pretexto la conservación de la biosfera, pero se niega y entorpece cualquier proceso o alternativa que resuelva el reconocimiento de la población que habita dentro de la Laguna Larga, la Sierra Lacandona y la Laguna del Tigre.”

Por lo anterior, los organizaciones hicieron un llamado a la sociedad civil, para que donen víveres y artículos de primera necesidad que puedan ser trasladados al alvergue La 72, en Tenosique, Tabasco, quienes llevarán la ayuda a los campamentos de desplazados.

También exigieron a los gobiernos de México y Guatemala, a que se brinde atención al grupo que se encuentra en territorio mexicano, cumpliendo con sus obligaciones en materia de asilo, refugio y protección internacional de acuerdo a los tratados y leyes en la materia. Así también respetando los compromisos asumidos ante aciones Unidas en relación con los Desplazamientos Forzosos, donde claramente se mandata que los desplazamientos no deben generar personas sin hogar o vulnerables a la violación de otros derechos.

«Al gobierno de Guatemala, instamos y exigimos que  respete y resuelva en base a las diligencias judiciales que se han interpuesto; entable cuanto antes un diálogo abierto y honesto con la población desplazada y sus representantes, que sean respetados sus derechos humanos y se les permita la inmediata recuperación de sus tierras y de su único patrimonio, la tierra donde cultivan sus alimentos y resuelven sus necesidades básicas, derechos constitucionales que el Estado de Guatemala ha incumplido».