
Bloque conservador gana en Alemania; Merz obtiene 29% de los votos
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., a 22 de abril del 2017.- El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FLNS, denunció que sus militantes en la región Costa-Soconusco, fueron hostigados, mientras se manifestaban, por lo que exigió respeto al derecho a la protesta y libre expresión.
En un comunicado señala que “esto ocurrió los días 10 y 19 de abril, en los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico y Ciudad Hidalgo, estábamos en el punto carretero conocido como kilómetro 10, crucero que comunica los 3 municipios antes mencionados.
Con la finalidad de realizar la denuncia en torno a la política represiva del gobierno, denunciando el terrorismo de Estado y el despojo de tierras que ha llevado a la privatización de las tierras ejidales y comunales.
Denuncia que ha ido acompañada de la exigencia de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, particularmente de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y contra los altos cobros de la energía eléctrica.
Hasta hace algunos años, la actividad política había transcurrido con normalidad, actividad que ha permitido el paso a los transportistas.
Pero desde este año, la política represiva del gobierno se ha endurecido, coartando mediante el uso de aparato policiaco y judicial nuestro derecho a la protesta, a la asociación y a la libertad de expresión.
Los días 10 y 19, aproximadamente a las 12:30 pm llegaron el comandante de la policía municipal y sus policías, el Mando Único, el fiscal del ministerio público, Guillermo Rivera González, todos de Tuxtla Chico, y el delegado de gobierno con sede en Cacahoatán, Julio César del Valle Robledo.
En tono prepotente llegaron preguntando por el líder de la organización, a lo que se les respondió que no hay líderes, y las decisiones se toman en asamblea.
El delegado de gobierno insistió en que nuestra manifestación está fuera de la ley, y que si no nos retirábamos nos iban a desalojar. Amenazando que para las próximas actividades no desalojarán porque “el gobierno federal y estatal ya no quieren que la gente proteste”.
Tomaron fotografías a los compañeros y estuvieron haciendo anotaciones de nombres de compañeros, por lo que dicha acción de provocación y amenazas constituye la base para el cometido de crímenes de lesa humanidad.
Las amenazas se dan en un contexto de violencia de Estado generalizado, con el que se están cometiendo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, del que como organización hemos sido víctimas de manera constante.
La presencia de autoridades judiciales y policiacas comprueba una vez más la forma en que opera la represión en Chiapas, donde la coordinación para detener, encarcelar y desaparecer se procura y se cumple al pie de la letra, mientras que para los casos donde se exige justicia por los crímenes de lesa humanidad se muestran en la pasividad política para generar desgaste.
Nos asiste el derecho inalienable a la protesta y organización, a la libre expresión, por lo que no desistiremos en expresar nuestro descontento, denunciando la política represiva de los gobiernos en turno”, finaliza.