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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de enero de 2017.- A partir del pasado 1o de enero no sólo se liberó el precio de la gasolina y el diésel, también se liberó el de la energía eléctrica y el del gas licuado de petróleo (LP), advirtió el Senado de la República. “La Ley de la Industria Eléctrica, a través del artículo 116, establece lo mismo para el caso de la electricidad. Adicionalmente, el artículo vigésimo noveno transitorio de la Ley de Hidrocarburos se estipuló liberalizar el precio del gas licuado” señala.
Un análisis del Instituto Belisario Domínguez, elaborado por los especialistas José Luis Clavellina, Maritza Rosales y Víctor Ortega Olvera, concluye que antes de haberse dado esta situación, el gobierno federal debió “instrumentar un programa de apoyos focalizados a los consumidores”.
“(Para) disminuir los efectos negativos a la población de menores ingresos, derivados de la flexibilización del mercado de los combustibles en los próximos meses”, sin embargo no lo hizo.
Por el contrario, la administración federal se activó el 9 de enero cuando anunció “el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” en el que se concertó, entre otras cosas, que el sector privado coadyuvaría a evitar que se presente un aumento injustificado en los precios de los productos de la canasta básica.
“Que el sector laboral y del campo trabajarían para mejorar su productividad. El gobierno federal impulsaría acciones para: mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, así como para vigilar y sancionar los abusos en la materia; modernizar el transporte público y la movilidad urbana; mejorar las condiciones del crédito que otorga la Banca de Desarrollo”, recordó.
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