Teléfono rojo/José Ureña

· El Estado topa la Iglesia Católica y no sabe cómo sancionarla
· Fepade no termina de investigar que pasó en Aguascalientes
· El Tribunal electoral será el último barrera de la impunidad

El Estado se ha topado con la Iglesia Católica.

Con su jerarquía, libre de hacer y deshacer.

Como El Quijote y su leal Sancho Panza, las instituciones y las leyes electorales en su conjunto se encuentran en un vericueto cuyos efectos pueden ser la impunidad para la clerecía.

Antecedentes:

De todos es sabido el mal momento –tiempos de campañas políticas- en el cual el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó su iniciativa para legalizar los matrimonios gay con derecho a la adopción.

La priísta Lorena Martínez, candidata a gobernadora en el estado más mocho del país –religioso, presume el arzobispo José María de la Torre-, se desmarcó de ese proyecto.

Empero, la grey de De la Torre hizo una gran campaña desde el púlpito, en cartas pastorales y en actividades de catequesis para orientar el voto a favor del abanderado panista Martín Orozco.

Con 2.19 por ciento de ventaja, el mismo Orozco reconoció la incidencia de esa mal hadada iniciativa, y cuando se refirió al activismo de la Diócesis de Aguascalientes, redondeó:

-Fue un regalo del cielo.

EL LENTO ENREDO DE LA FEPADE

Derrotado, el priísmo usó esos elementos para impugnar.

No hay muchos elementos para su esperanza.

El dirigente Enrique Ochoa, dicharachero según el lugar de su visita o el público oyente, prometió en Aguascalientes rescatar en tribunales el triunfo para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al final usted deduce.

Van los elementos:

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de Santiago Nieto tuvo a tiempo las quejas del PRI, entonces dirigido por Manlio Fabio Beltrones y comenzó a investigar.

Sus rutinas incluyeron consultas a la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Arturo Manuel Díaz de León.

Díaz de León investigó y se encontró con una perla: la Diócesis de Aguascalientes está registrada como asociación religiosa y no hace distinciones de sus parroquias, capillas y ministros de culto.

Es decir, no se sabe quién violó la ley al hacer campaña política desde el púlpito.

Resultado: Díaz de León sacó un directorio de la diócesis y la entregó a la Fepade de Nieto con una recomendación:

-Aquí está la lista de todos. Investiga tú, que eres Ministerio Público y luego me dice quiénes incurrieron en ese delito y me informas si me corresponde amonestarlos o sancionarlos.

Y en esas están.

EL TRIBUNAL TIENE LA PALABRA

1.- Para una sanción, aclara Arturo Manuel Díaz de León, se requiere la decisión de un tribunal.

El primero en tiempo sería el estatal de Aguascalientes, desde donde no ha llegado el reporte correspondiente.

El segundo sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hasta donde han llegado los abogados de Lorena Martínez y del PRI en espera de la aplicación de la ley.

Y 2.- la iniciativa de matrimonios gay ha tenido otros coletazos.

Distintas organizaciones de la comunidad lésbico-gay han acudido a la Dirección General de Asociaciones Religiosas para exigir sanciones a iglesias y ministros de todo tipo por sus condenas y acciones.

-No puedo –les ha contestado Díaz de León- porque ellos hablan conforme a su credo y está debidamente registrado. Si ustedes se sienten agraviados, pueden recurrir a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Remata:

-Sus dichos, censuras y condenas son un asunto de discriminación, no de violación de las leyes religiosas.