Indicador político/Carlos Ramírez
3 de octubre, 2016.- La semana pasada Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México presentó su quinto Informe de Gobierno y a pesar del marco discursivo bien elaborado para la ocasión, los resultados se contraponen a su percepción. No obstante, no es la primera vez que la evaluación ciudadana respecto a los distintos temas de interés público, entre los que destaca la seguridad, esté muy distante de la de los gobernantes.
Como parte de la estrategia de seguridad el gobernador señaló que el Mando Único Policial se suscribió con 119 de los 125 municipios de la entidad, por lo que consideró que esta decisión permitirá fortalecer la infraestructura, equipamiento, profesionalización y certificación policial. En este sentido, el primer mandatario estatal estableció cinco objetivos, es decir, con la estrategia se pretende: primero, centralizar el sistema policial de los municipios al mando de la Comisión Estatal de Seguridad; segundo, disminuir la incidencia delictiva a partir de la inteligencia operativa; tercero, implementar tecnologías de información y comunicación homologados; cuarto, fortalecer las capacidades institucionales de la policía; y quinto, evitar actos de corrupción.
De los objetivos propuestos podemos decir que parecen un catálogo de buenas intenciones, pues los datos que se arrojaron desde 2015 dejan en evidencia el fracaso en la materia. De esta manera, se sabe que a nivel nacional se reportan 41 delitos por cada 100 mil habitantes, sin embargo, es lamentable que en cuatro entidades, los ciudadanos tienen más posibilidades de ser víctimas de extorsiones, robos, fraudes y amenazas, y de estas justamente el Estado de México ofrece la tasa más alta de incidencia delictiva en todo el país, es decir, de 93; seguido por Baja California con 57, la Ciudad de México con 51 y Jalisco con 47. Esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y percepción sobre Seguridad Pública 2015 presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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