Teléfono rojo/José Ureña

Llegó el momento de Enrique Ochoa Reza.

Hoy tendrá la oportunidad negada antes a muchos.

Al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, cuando el senador Héctor Yunes le propuso, en enero de 2015, retirar a Javier Duarte del gobierno de Veracruz.

A las voces de advertencia del entonces dirigente priísta y hoy coordinador de los diputados federales, César Camacho, sobre evidentes fallas en la administración veracruzana y desvío de recursos públicos.

Y a Manlio Fabio Beltrones, quien convenció al presidente Enrique Peña de retirar a Javier Duarte como única posibilidad de reposicionar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al candidato Héctor Yunes, pero luego lo abandonaron.

A diferencia de ellos, decíamos arriba, Ortiz Reza y su dirigencia han recibido respaldo para proceder y, en voz superior, mandar mensajes dobles a la ciudadanía y a los priístas.

A la primera porque una vez más se le prometerá actuar contra la corrupción.

Y a los segundos –gobernadores, alcaldes, regidores, diputados, etcétera- porque podría procederse contra algunos de ellos.

Podría, pero…

NI EXPEDIENTE NI OPINIÓN UNIFICADA

No hay mucho para la esperanza.

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria de Fernando Elías Calles va a su sesión de hoy sin un expediente ya integrado y por lo tanto sin una posición unificada de sus integrantes.

Las opciones estatutarias, opinó el secretario de Elecciones, Arturo Zamora, son tres: suspensión de militancia, pérdida de derechos y, la más radical, expulsión del partido.

La tendencia mayoritaria se inclina hacia la suspensión de derechos, lo cual llenaría de risa a Javier Duarte y no sería un buen mensaje para la población sobre esta primera acción anticorrupción.

Mal resultado para quien trae un discurso institucional y promete aplicar limpieza general, para lo cual ha colocado en segundo lugar al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.

Dijo en Guadalajara:

“La Comisión (…) continuará revisando otros casos de otros estados de la república que han sido señalados, como el de Quintana Roo”.

Y como trae escoba multipartidista, según dice, insistirá en castigos para el panista Guillermo Padrés, los perredistas de Guerrero culpables de las desapariciones de Iguala y el perredista Ricardo Gallardo, alcalde de San Luis Potosí.

CARLOS JOAQUÍN GUARDÓ AMENAZAS

1.- Fue notoria la ausencia de Roberto Borge en el relevo en Quintana Roo.

Ni siquiera lo mencionó su sucesor Carlos Joaquín, quien hizo su campaña triunfadora sobre el discurso anticorrupción y la promesa de castigo a Borge.

En un discurso brevísimo, como debieran ser todos, prometió cambio de rumbo, cuentas claras a la ciudadanía, fortalecimiento de poderes y autonomía de los municipios.

2.-Fue notoria la presencia de los dirigentes partidistas Alejandra Barrales y Ricardo Anaya.

El segundo, sentado junto a Pedro Joaquín, estaba a un solo asiento de Margarita Zavala, su crítica por hacer campaña desde la presidencia de Acción Nacional (PAN).

-¿Rompieron lanzas? –pregunté a Margarita.

-No, estuvimos muy tranquilitos –contestó.

Separados por Francisco García Cabeza de Vaca, quien mediaba entre ambos, Anaya tendió amabilidad:

-Tamaulipas nos une.

Y 3.- por si le hacía falta, el coordinador panista en el Senado, Fernando Herrera, ofreció su respaldo al dirigente Ricardo Anaya.

El encabeza una gestión exitosa electoralmente: once gubernaturas en noviembre, algo “no logrado ni cuando éramos gobierno federal”.