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Ratifican en San Lázaro reformas a Ley de Amparo
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 12 de septiembre de 2016.– Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y de las policías municipales de Reforma y Cintalapa detuvieron a dos personas que portaban armas de fuego sin permiso correspondiente.
Con base en las denuncias recibidas al aplicativo para celulares “Ciudadano Vigilante”, una persona del sexo masculino de aproximadamente 39 años de edad fue sorprendida atemorizando a un ciudadano con un arma de fuego.
Los hechos sucedieron en la calle Huixtla del municipio de Reforma, lugar donde se ubica un centro nocturno y se recibió la denuncia, la cual fue corroborada por elementos de la Policía Estatal y Municipal, quienes llegaron al lugar de los hechos de manera oportuna.
La persona sorprendida de nombre Yokohama “N”, le fue asegurada un arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, calibre 9 milímetros abastecida con 7 cartuchos útiles.
La segunda acción, realizada por mismas corporaciones adscritas al municipio de Cintalapa, permitió evitar la comisión de hechos delictuosos, al decomisarle a una ciudadana un arma de fuego calibre 25 milímetros, abastecida con siete cartuchos útiles.
Cabe hacer mención que la denuncia señala que Ana Laura “N” de 34 años de edad, se encontraba amedrentando con el arma de fuego a una pareja sobre la 3ª Poniente entre Primera Norte y Avenida Central del municipio en mención, quien al verse sorprendida por los cuerpos de seguridad intento darse a la fuga a bordo de un vehículo marca Buick tipo Lacrosse de color negro y placas de circulación 6094 del Estado de Chiapas.
Dicha persona no comprobó con la documentación correspondiente por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la portación del arma de fuego decomisada.
La responsable participación de la sociedad en materia de seguridad y la coordinación en los trabajos de prevención de las policías, permitió que las personas, que tienen el carácter de probables responsables, se encuentren bajo la jurisdicción del Fiscal del Ministerio Público quien determinará en el plazo constitucional su situación jurídica.
Mientras tanto, se realizó la cadena de custodia respectiva del objeto del delito, como lo marcan los protocolos nacionales de actuación de primer respondiente.