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Indicador político
La sociedad civil, que hoy se encuentra en el momento clave, ante los acontecimientos que vive nuestro país, se está gestando el despertar ciudadano, La impunidad es un problema generalizado en México, un país en donde sólo siete de cada 100 delitos cometidos son denunciados, arrojó el Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap). El documento exhibe que el Estado mexicano, en su conjunto, es responsable de los altos niveles de impunidad. Este fenómeno es un problema de gobernanza, es decir, ha rebasado a todas las instancias de gobierno, por lo que requiere la atención y participación urgente de otros actores, como la sociedad civil, sector privado, academia, medios de comunicación y organizaciones internacionales. Los mexicanos dicen que las dos principales razones por las que no denuncian son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad.
El concepto de impunidad, procede del sustantivo latino impunitas-atis, cuyo significado literal sería “sin castigo”. Esto nos refiere a un sistema legal donde se encuentran tipificados los delitos y los castigos que implica el transgredir las leyes. Por tanto, la impunidad se encuentra referida a la ausencia de castigo por un delito que se comete. Se encuentran íntimamente ligados a la corrupción porque, en un sistema en que se permite la corrupción, ésta puede lograr la impunidad, aunque no necesariamente la impunidad implica la corrupción.
Históricamente algunos de los fenómenos que incidieron en el proceso de convertir a la impunidad y la corrupción en formas de comportamiento comunes en ciertos ámbitos, las cuales fueron convirtiéndose en prácticas cotidianas en las estructuras gubernamentales, entre los funcionarios públicos, en las organizaciones sindicales. El sistema judicial real dependía directamente del rey, o bien, como representantes del poder central, de los virreyes y gobernadores de las Provincias, y siempre fue selectivo tanto que para alguna clase se acuñó la frase “se acata, pero no se cumple”. Este principio es uno de los más que más influyen en la generación de la impunidad, los miembros de la clase dominante, es decir, la clase política tiene la posibilidad de transgredir la ley sin quedar sujetos a castigo.
La impunidad también se ve también favorecida porque las sentencias dependen del arbitrio de los jueces, La Constitución trascendente para el país la de 1857, establece claramente las funciones del poder judicial, pero la decisión sobre los casos sigue dependiendo de un juez. Finalmente la Constitución de 1917, la que actualmente nos rige, aunque con innumerables modificaciones, el poder judicial el nombramiento de magistrados de la Suprema Corte de Justicia depende directamente del Presidente la República. Esta característica subordina al poder judicial al ejecutivo. Además, el fuero sobre los integrantes de los tres poderes y gabinete se amplia. El resultado de sistema de justicia es que los miembros de los poderes puedan cometer delitos con amplia impunidad. Asimismo que, por lo menos en la Ciudad de México, el 98% de los delitos denunciados queden impunes, que no se ejecuten las órdenes de aprensión. En resumen, debemos transformar desde la legislación hasta la herencia cultural para lograr que en nuestro país exista un sistema de justicia real.
Es conveniente aclarar que la impunidad y la corrupción no son aceptadas por la ciudadanía en general, sino que son cuestionadas y criticadas, pero se toleran como un mal constitutivo del sistema judicial mexicano. El despertar ciudadano que se manifiesta con la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, que busca establecer lineamientos para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, con el fin de prevenir, corregir y sancionar prácticas deshonestas en la administración pública es la primera piedra de la construcción de un sistema anticorrupción que lleve a los mexicanos a elevar su nivel de bienestar. Para construir un país diferente, se requiere una actitud diferente!