Café para todos/Alberto Carbot

La capital mexicana dejó de llamarse, a partir de la semana pasada, Distrito Federal para denominarse oficialmente Ciudad de México, tal y como era comúnmente conocida. Eso todo el mundo ya lo sabe. Lo que no se explica es para qué, es decir, si en algo cambiará la vida diaria de quienes han sido cobijados por esta metrópoli.
El caso es que el rebautizo de la populosa urbe -epicentro político, religioso y cultural del país-, ha sido anunciado con bombo y platillo por el gobierno local y federal.
Forma parte de una reforma constitucional aprobada por el Congreso la semana anterior y promulgada el pasado viernes por el presidente Enrique Peña en una solemne ceremonia, en presencia del jefe de gobierno de la megalópolis, Miguel Ángel Mancera.
La reforma ciertamente no incluye sólo cambios del nombre oficial, sino también establece la creación de una Asamblea Constituyente que redactará una nueva ley suprema para la ciudad, cuyos miembros serán electos en junio próximo.
La Asamblea Constituyente estará integrada por 100 diputados: 60 electos por la vía plurinominal y el resto integrado por 14 senadores, 14 diputados federales, seis personas designadas por el Presidente de la República y seis más por el Jefe de Gobierno.
La capital del país deja de depender del gobierno federal desde ahora y se convierte en un estado más, con estatuto de autonomía.
“Adiós Distrito Federal, bienvenida nuestra Ciudad de México”, señaló un eufórico Mancera al atestiguar la ceremonia de promulgación.
Peña, a su vez, indicó que reforma fortalece los derechos de sus ciudadanos y habitantes, quienes ahora estarán en mejores condiciones para participar democráticamente para solucionar los problemas y desafíos de esta gran urbe.
Todo esto suena muy bien, pero en realidad muchos capitalinos -nacidos aquí o inmigrantes recientes y antiguos- todavía no entienden sobre lo que exactamente significa esta reforma.
De ahora en adelante será difícil establecer el nuevo gentilicio de los habitantes de la urbe, pues ya no se les llamará defeños, un término que por otro lado nunca fue bien aceptado. Algunos proponen que sean mexiqueños o cedemeños, entre otros adefesios, pero será difícil ponerse de acuerdo. Sin embargo, por ahora, importa establecer las ventajas y desventajas.
Para muchos, se trata sólo de un cambio de nombres. El jefe de gobierno será gobernador, los delegados serán alcaldes y la Asamblea Legislativa será un congreso local.
Se dice que ahora ya se podrá contar con una Constitución Política de la ciudad de México, pero muchos se preguntan si no basta con tener una Carta Magna a nivel nacional.
Además, tampoco queda claro para qué se va a designar a un Congreso Constituyente que sólo representará más burocracia pagada como siempre por los propios contribuyentes.
Es cierto que podremos contar con una nueva Constitución, pero también que no será aprobada por todos los ciudadanos del ex DF, sino por un pequeño grupo de notables, para designados desde muy arriba, pues la Asamblea Constituyente contará con 100 diputados, 60 electos y 40 nombrados por instancias federales, es decir por el Presidente de la República y por las Cámaras de Diputados y Senadores.
Por supuesto que también es verdad que en el nuevo congreso local se podrán aprobar o rechazar las reformas constitucionales, como en sus similares de los otros estados del país.
Por primera vez también el jefe de Gobierno o gobernador nombrará al procurador de justicia y al jefe de la policía sin tener que consultarlo con el presidente, aunque como se sabe ya esto era una mera formalidad.
Pero decir que se trata de un logro histórico, que tiene una trascendencia fundamental o epítetos similares, parece algo exagerado.
Lo cierto es que los mexicanos seguiremos teniendo un gran fardo de problemas que no se comparan con los que enfrentan otras ciudades del país, como los pesados embotellamientos de tránsito, la enorme contaminación y los problemas de escasez de agua y de recolección de basura, entre otros.
LA CIUDAD SE MANTENDRÁ COMO SEDE DE LOS PODERES DE LA UNIÓN Y CAPITAL DEL PAÍS
La Ciudad de México se mantendrá como sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. La autonomía que gozará será concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, como dijo Peña en Palacio Nacional.
En realidad para muchos seguirá llamándose Distrito Federal, porque todos estamos acostumbrados a denominarla así, y seguiremos diciendo voy al distrito aún cuando sepamos que ya no se llama así.
El DF también forma parte del imaginario cultural de los mexicanos, pues quién no recuerda la famosa canción de Chava Flores “Sábado Distrito Federal”.
Así que decirle de manera tan tajante adiós Distrito Federal no parece lo mejor. Las leyes sólo son un reflejo del desarrollo de las sociedades y son las costumbres las que hacen las leyes, y no al contrario.
De modo que creer que estos simples cambios cambiarán de la noche a la mañana la realidad imperante en “la región más transparente” -como Alexander von Humboldt denominó en 1804 al valle en que se asienta, y más de 100 años después ratificó Alfonso Reyes en su obra Visión de Anáhuac-, es pecar de ingenuidad.
Es obvio que los políticos querrán sacar provecho de esta circunstancia y aprovecharán al máximo con propósitos electoreros este rebautizo, porque se traducirá también en financiamiento para cargos públicos, para pagar a los miembros de la Asamblea Constituyente y todo su séquito y para generar nuevas burocracias.
Pero para el mexicano de la calle que se gana la vida honestamente y que todos los días sale a buscar nuevas oportunidades de vida, esto será sólo un cambio de nombre que ni siquiera impactará en el lenguaje cotidiano.
Es dudoso que quienes decían antes “voy al DF” digan a partir de hoy “voy a la Ciudad de México”.
En cambio, si hubiera algún beneficio social o económico que trajera aparejado el nuevo nombre, entonces sí tal vez sería bienvenido por aquellos que habitamos en esta parte del país.
Quienes creen que en la ciudad de México se quedan muchos de los impuestos que se generan en los estados del país, no dejarán de tener resentimientos aunque la capital se llame de manera diferente.
Sin embargo, esta seguirá siendo, indudablemente, la “Muy noble y leal ciudad de México”, como se le llamaba en tiempos de la Colonia. Es un lugar que también tiene sus zonas disfrutables, que goza de comodidades y de beneficios que no existen en ninguna otra parte del país y que está a la altura de las grandes metrópolis del mundo.
Veremos si el cambio de nombre renueva el sentimiento de orgullo de los capitalinos o será un asunto de mera estética política, que a final de cuentas se sitúe en el contexto de la frase que sus malquerientes endosaron al presidente Luis Echeverría: “esto ni nos beneficia, ni nos perjudica, sino todo lo contrario”.
GRANOS DE CAFÉ
Desde tiempos postrevolucionarios, sigue vigente en México la afirmación del presidente Plutarco Elías Calles según la cual “nadie resiste un cañonazo de 50 mil pesos” y es válida lo mismo para el caso de los representantes del oficialismo que de la oposición, aunque por supuesto siempre sea difícil de comprobar, porque la corrupción florece en el secretismo.
La intención de garantizar a los mexicanos que las autoridades surgidas de las urnas estén totalmente desvinculadas del narcotráfico que proponen PAN y PRD, es por principio una buena idea a la que deberían sumarse todos los institutos políticos, para acreditar, por lo menos en las apariencias, que están en favor de la legalidad.
Pero es una utopía pensar que se pueda garantizar absolutamente que los candidatos a gobernadores, alcaldes y regidores no tendrán vínculo alguno con grupos del crimen organizado, debido al alcance del poder corruptor de estas organizaciones, así como su capacidad de infiltración en todas las estructuras de gobierno.
La propuesta de los presidentes del PAN Ricardo Anaya y del PRD, Agustín Basave, es una opción más que necesaria, pero es preciso establecer condiciones y candados suficientes para que las instituciones de seguridad -policías de todos los niveles, Ejército y Marina-, sean capaces de hacer prevalecer la ley con valentía, arrojo y sobre todo responsabilidad y ética, cuando sus integrantes sean puestos por los capos de las drogas ante la terrible disyuntiva de “plata o plomo”.
El primer paso para avanzar en la purga de candidatos por parte de la Secretaría de Gobernación y de la PGR, tiene que primordialmente con las labores de inteligencia del Estado, para asegurar que quienes amedrentan a los mandos de seguridad y a los candidatos, puedan ser plenamente identificados y ello desvanezca la ventaja que les da el anonimato.
En este caso, es posible garantizar que la contención de narcotraficantes sería efectiva. Una prueba de ello es la detención del líder del cártel de los Beltrán Leyva en Sinaloa, ocurrida apenas el pasado lunes y que -según filtraciones-, pudo ser resultado de informes confidenciales que podría haber entregado “El Chapo” Guzmán, el reo más vigilado del penal del Altiplano.
Ojalá que el esquema que proponen PAN y PRD sea realmente integral y bien elaborado para que de verdad se investigue a los candidatos a puestos de elección y que después no resulte que siguen postulando a fichas del tamaño de José Luis Abarca y Lucero Guadalupe Sánche.