Café para todos/Alberto Carbot

EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN SIGUE EN “IMPASSE”; NI EL GOBIERNO NI LOS PARTIDOS CEDEN

* CHON ORIHUELA EN FAVOR DE UNA POLÍTICA EFICAZ PARA LOGRAR QUE LA MIGRACIÓN SEA UNA OPCIÓN Y NO UNA NECESIDAD DE VIDA

Pocas veces ha habido un mayor consenso en México sobre la necesidad de hacer frente al flagelo más importante que afecta a nuestro país, que no es el crimen ni la pobreza ni la situación económica, sino la corrupción.

Empresarios, grupos sociales, especialistas y la Iglesia y otros sectores han hecho oír su voz para que se aprobara en el Congreso el Sistema Nacional Anticorrupción, pero la clase política demostró en los últimos meses oídos sordos y ni gobierno ni partidos parecían ceder sobre el tema.

Finalmente, después de que en febrero pasado la Cámara de Diputados aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, el Senado decidió abandonar la inacción y la pasividad y hacer frente a sus responsabilidades históricas.

Todavía ayer, los hombres de negocios, reflejando el ambiente que priva entre la mayoría de los mexicanos de a pie, ante la demora inexplicable de este proyecto, hicieron oír su voz fuerte y clara.

Los capitanes de la industria, demandaron al presidente Enrique Peña Nieto que empujara duro para que finalmente se sancionara esta iniciativa.

Durante la 71 asamblea de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), Eduardo Garza Junco -presidente de esta organización-, pidió al mandatario “que no deje pendiente el gran paso que significaría para nuestro país la instalación de un verdadero proceso institucional anticorrupción”.

El nuevo líder de esta cúpula del sector privado le dijo a Peña que construir y garantizar organismos realmente independientes y autónomos, es la base para que el sistema anticorrupción se concrete, pero afirmó que lo propuesto hasta ahora, “aunque importante y positivo, es insuficiente”.

Peña Nieto, quien ha sido blanco de las críticas en los últimos meses -por el tema de la Casa Blanca, su mansión campestre en Ixtapa de la Sal; la del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco; y las dos residencias que rentó el de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en Las Lomas-,  prometió que “en breve” habrá un sistema completo para combatir el mal de la corrupción que aqueja al gobierno en todos sus niveles.

“El gobierno de la República ha puesto énfasis y acento en crear nuevos instrumentos que complementen esfuerzos que se hubiesen hecho en el pasado y que hoy permitirán concretar un sistema integral de combate a la corrupción”, dijo.

Desde el año pasado, el proyecto para crear el Sistema Nacional Anticorrupción se venía discutiendo pero se aplazaba una y otra vez. El 15 de diciembre último, los diputados y senadores prefirieron cerrar las cortinas e irse de vacaciones antes que intentar conciliar sus diferencias para llegar a un acuerdo, demostrando que no están interesados en que avance el país en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Apenas hace un par de semanas, los coordinadores del PRI, PAN y PRD en el Congreso, acordaron que los proyectos relativos al Sistema Nacional Anticorrupción -así como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, serían las prioridades.

Entonces el ciudadano común -que entiende poco de los procedimientos legislativos, pero sabe bien que para hacer cualquier trámite gubernamental necesita “aceitar la máquina”, o de plano las cosas no marchan bien en temas múltiples como las gestiones para abrir un negocio o solicitar cualquier permiso-, no se explica por qué este asunto tomó más tiempo del debido.

Algunos temas habían provocado un estancamiento de las discusiones. Por ejemplo, los senadores Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas Rodríguez y Armando Ríos Piter proponían eliminar el régimen de excepción conferido al presidente de la república para enfrentar un proceso penal.

El Sistema Nacional Anticorrupción es un tema prioritario y es loable que por fin el Senado haya decidido tomar el toro por los cuernos y aprobar la reforma tan esperada.

El país está ahogado en la corrupción y la impunidad, en la que el saqueo impune del patrimonio público es una constante. La frase no es del columnista. La dijo el ex auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón hace unos meses.

UN PACTO DE SILENCIO EN TORNO A LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO

En el México político casi nadie denuncia, ya que existe un pacto de silencio no escrito, como en las mafias. “La mayor reforma estructural a la que puede aspirar México es simplemente que las autoridades acaten las leyes que nos obligan a cumplir al resto de los mexicanos”, señaló el ex funcionario. Ejemplos hay muchos: Oceanografía, la Línea 12 del Metro, la Casa Blanca el uso del helicóptero de la Conagua, y un largo etcétera.

Quizá los diputados y senadores no querían legislar sobre la corrupción porque no deseaban hacerse el “hara kiri”. Se rehusaban a aplicar medidas que puedan ser lesivas para sí mismos. Fue necesario que la sociedad presionara para que el asunto pudiera finalmente desahogarse.

Los legisladores de todos modos se niegan a toda costa a dejar de beber de la ubre presupuestal y a renunciar a sus inmensos privilegios. No quieren rendir cuentas de sus acciones ni aparecer en una caja de cristal para que quienes votamos por ellos veamos si todo lo que tienen lo adquirieron legalmente o hay por ahí algunas cosas oscuras en su trayectoria.

Nadie es perfecto ni se espera que los miembros del Congreso lo sean. Sólo se les pide que las mismas reglas que aplican para todos los ciudadanos se apliquen a ellos mismos, o quizá esperen que su reputación, que ya se encuentra por los suelos, siga descendiendo hasta el inframundo. Por lo demás, no se puede esperar que las reformas cambien como por arte de magia y de la noche a la mañana, el estado de cosas.

Apenas ayer, el Índice Global de Impunidad 2015 colocó a México como el segundo país en el mundo con más alto nivel de impunidad, después de Filipinas. Según el estudio de la Universidad de las Américas, y el Consejo Ciudadano de Seguridad de Puebla, “la corrupción es el resultado de impunidad”.

Seguramente ahora que el Senado aprobó estas medidas legales contra la corrupción todos los partidos tratarán de “pararse el cuello” y presumir con “sombrero ajeno”. El Partido Acción Nacional (PAN), de hecho, ya se ufana en sus mensajes propagandísticos de campaña de ser el principal impulsor de estas medidas. No se les puede arrebatar el mérito de haber sido autores intelectuales de la iniciativa, pero ésta no hubiera progresado sin el apoyo de los demás partidos.

Aunque muchos cifran demasiadas esperanzas en que esta iniciativa permita curar la corrupción, que es el cáncer que carcome las entrañas del Estado mexicano, aunque no hay que ilusionarse demasiado.

Nadie puede asegurar que estas acciones permitirán acabar de una vez y para siempre con el cobro de comisiones o “moches”, la asignación de contratos gubernamentales sin licitación de por medio o el uso opaco y discrecional de fondos públicos. De hecho, el especialista en temas legislativos Jorge Alcocer hace notar atinadamente que bastaría con aplicar las leyes existentes para frenar este tipo de conductas.

Por otro lado, aunque el Sistema Nacional Anticorrupción proporciona instrumentos a la Auditoría Superior de la Federación y al Tribunal Superior de Justicia Administrativa para monitorear, denunciar y sancionar incluso penalmente cualquier funcionario público corrupto y a sus cómplices del sector privado, habrá que esperar si estas leyes se aplican.

En medio del escepticismo, hay sin embargo una luz de esperanza de que la corrupción será finalmente combatida para frenar una impunidad que parece no tener fin. Quizá no sea la ley ideal que todo el mundo esperaba. Probablemente estará imperfecta y habrá que hacerle ajustes en el futuro.

Sin embargo, resulta alentador que ya exista un marco legislativo que permita afrontar este flagelo que lastima y ofende, sobre todo a los mexicanos más pobres, y que acentúa la desigualdad social.

GRANOS DE CAFÉ

…El candidato del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde a la gubernatura de Michoacán, Chon Orihuela, participó en el Foro Binacional del Migrante 2015, en el cual anunció que se propone apoyar una política eficaz para lograr que la migración sea una opción y no una necesidad de vida.

Los michoacanos que decidan irse a Estados Unidos que sea por voluntad propia y no por falta de oportunidades, dijo y urgió a transformar y modernizar la atención a los intereses del estado en el exterior y consideró muy importante la representación y protección de los derechos de los migrantes michoacanos en Estados Unidos. Orihuela recordó que Michoacán es un estado que históricamente presenta altos índices de migración y citó datos de la Secretaria del Migrante, según los cuales la población michoacana radicada en los Estados Unidos supera ya los 3.5 millones de habitantes.

“Esto significa que tenemos otro Michoacán en el extranjero, y con ello, la obligación de atender muchas de sus necesidades para lograr que se sientan acogidos y protegidos en sus derechos humanos más fundamentales”, proclamó el candidato. A su juicio, la violencia que vivió recientemente el estado, así como las condiciones de desigualdad y falta de oportunidades, fueron factores que explican los elevados flujos de migrantes michoacanos al extranjero.

… En Guerrero aún suenan los tambores de guerra. El pretendido retorno de Ángel Aguirre Rivero a la gubernatura -a pesar de que su partido ya desestimó oficialmente su regreso, una vez que su licencia al cargo está por expirar el próximo viernes 24-,  no contribuiría en nada a apaciguar los ánimos en una de las entidades más convulsionadas del país y, sí, por el contrario, crearía una amenaza mayor a la endeble tregua que se  ha logrado con los muchos programas sociales que ha desplegado el gobierno federal en la entidad y eso, a pesar del anodino -por decir lo menos- desempeño del gobernador interino Salvador Rogelio Ortega Martínez.

No obstante la responsabilidad que Aguirre Rivero tuvo no sólo en el caso Ayotzinapa  -sino en los ominosos hechos de corrupción que salieron a la luz pública tras su salida del ejecutivo estatal, como el enriquecimiento ilícito de sus familiares cercanos-, mantuvo el cinismo de chantajear políticamente a los gobiernos federal y estatal, con el amago de su regreso a la gubernatura, seguramente para no terminar en la cárcel, como debiera ocurrir, una vez electo el nuevo gobernador en los comicios del junio próximo.

Naturalmente, su pretendido retorno enardeció aún más los ánimos de los manifestantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg)  y de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes anunciaron  una nueva campaña de movilizaciones, más intensa y violenta, como si no fuera suficiente la muestra de poder que han dado con la toma y destrucción de alcaldías, oficinas públicas e instituciones de toda índole,  de las que por un milagro se salvaron las instalaciones militares.

Aguirre Rivero sabe muy bien el peso de su chantaje y  si pudiera, no dudaría en hacerlo realidad como estrategia de negociación para permanecer impune ante los muchos delitos que podrían imputársele. Pero igual preocupa -y mucho-, la tibia y marginal respuesta del gobernador interino Ortega Martínez, quien se limitó a informar que no ha enviado emisarios para pedir su ratificación al frente de la administración estatal.

Y ya que se trata violar todo principio ético, moral y jurídico, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  (TEPJF)  es buen ejemplo de la podredumbre imperante en el sistema político.

Resulta que a pesar de ser la institución pretendidamente  garante de legalidad en los procesos electorales, es la primera en violar ese precepto, al  aceptar la candidatura de Xóchitl Gálvez a la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo, no obstante que está fehacientemente probado la imposibilidad legal para contender por esa jurisdicción, por el simplemente hecho de que no vive en ella. 

La ex cercana colaboradora de Vicente Fox cayó en el alarde prepotente al agradecer al TEPJF el haber ordenado al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) registrar su candidatura. Para colmo invocó legalidad al expresar  que “ésta resolución es de gran trascendencia, porque ubica el respeto a las garantías políticas electorales  por encima de cualquier ley secundaria. Una cosa es la residencia y otra es el domicilio marcado en la credencial de elector”, dijo, aunque olvidó mencionar, convenientemente, que cuando contendió a la gubernatura de su natal Hidalgo, sí aceptó residir en esa entidad.

Naturalmente, el cinismo de la coordinadora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con Vicente Fox, le impidió mencionar que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una intensa campaña para la actualización de credenciales, y ella no lo hizo, mientras se afanaba por obtener una candidatura como diputada federal en el PAN Hidalguense, a la cual finalmente renunció hace 2 meses “porque no hubo condiciones” ya que la colocaron en el 4º sitio de las plurinominales.

Sin embargo, como es muy hábil, se valió de varias artimañas para contender ilegalmente como delegada del PAN en la Miguel Hidalgo.