Indicador Político/Carlos Ramírez

Elecciones sin opciones

A pesar de ser una de las elecciones con mayores participaciones de partidos políticos, las del 7-J serán las que menos opciones políticas e ideológicas ofrezcan: todos los partidos llegarán con agendas que responden a las oligarquías dirigentes (la ley de hierro de la oligarquía que señaló Robert Michels hace un siglo) y las candidaturas dicen nada a los electores.

El PRI hizo un reparto vertical de candidaturas, el PAN construyó sus listas en función de la metas de Gustavo Madero de ser candidato presidencial, el PRD negoció nominaciones a cambio de lealtades para con Los Chuchos, López Obrador repartió candidaturas por dedazo y el Verde quedó como el pato trasero del PRI; los demás, la chiquillería, vivirá de las alianzas.

Lo paradójico del asunto radica en el hecho de que como nunca antes el país requiere de un poder legislativo más vivo, luego de lo que se ha visto como un apéndice del ejecutivo o subordinado a los intereses de corto plazo de las dirigencias de los demás partidos. Si bien no se trató de una novedad, sí se requería de un legislativo que renovara el dinamismo de la vida política nacional y partidista.

Sin un verdadero sistema de partidos la democracia mexicana –cualquiera que sea su dimensión– carecerá de dinamismo. El modelo presidencialista del pasado priísta construyó el arranque institucional del país pero luego se pervirtió con la figura autoritaria del jefe del ejecutivo en casos concretos, Díaz Ordaz, Echeverría, Salinas de Gortari y hasta Zedillo.

La disminución electoral del PRI como partido dominante y del PAN como partido de la alternancia exigió nuevos juegos de poder más democráticos; sin embargo, el PAN y el PRI luego del 2000 han gobernado por la vía autoritaria o de imposición. Y si en el pasado ello permitía cuando menos una dirección institucional coherente, ahora se percibió como un problema por los nuevos actores sociales y políticos en juego. El viejo presidencialismo dependía de la inexistencia de instituciones para el contrapeso; hoy la libertad política ya no garantiza ni la viabilidad ni la funcionalidad de ese viejo presidencialismo verticalista.

Lo ocurrido con la reforma educativa ilustra la dimensión del problema democrático. Los cambios constitucionales avalados por todos los partidos mostraron la posibilidad de ir hasta la estructura del problema, pero la resistencia de los grupos de interés magisteriales de las secciones de Oaxaca y Guerrero dieron al traste con las reformas y las mostraron inviables. Hoy el país tiene una reforma legal magisterial de avanzada pero hasta el gobierno federal que la impulsó debe de conceder su no aplicación ante la violencia magisterial.

A las reformas les ha faltado una estructura política e institucional más dinámica con los cambios y menos interesada en comprar alianzas electorales que aporten votos: López Obrador, el PRD y el PAN están jugando con fuego magisterial al apoyar a las secciones sindicales de Oaxaca y Guerrero con miras a las elecciones legislativas del próximo 7-J. Por un lado, quieren quitarles votos al PRI y por otro ganar más votos, aunque a costa de aliarse con sectores radicales antisistémicos que están del mismo modo traficando con su presencia política para sacar más ventajas contra las reformas.

De ahí que las elecciones legislativas se vean sin horizonte político. En el mejor de los casos, los resultados podrían ser similares a la actual distribución del poder; con suerte para algunos de los partidos grandes, habría un reacomodo a favor de los más activos. Sin embargo, a la sociedad debiera interesarle no tanto el reparto de porcentajes sino la calidad del poder legislativo y las agendas de funcionamiento. Pero los partidos se desgastaron en la elaboración de las listas que ya no tendrán fuerza para definir una agenda de funcionamiento que perfile cuando menos las posibilidades de un legislativo para la crisis.

Los tres sistemas nacionales ya dieron de sí y requieren de ingeniería reconstructiva: el sistema político, el sistema económico y el sistema institucional. La primera gran tarea de la próxima legislatura radicará en reorientar la política económica ante la crisis internacional y las nuevas dinámicas del capital. Lo que aquí se ha insistido ya es reiterado en los espacios gubernamentales: México no puede seguir creciendo a tasas de 2.5% anuales porque sus necesidades de empleo requieren de cuando menos 6.5%. Pero para triplicar los ritmos anuales sostenidos de empleo se necesita de un sistema productivo más abierto, más dinámico y con capacidad de infraestructura que hoy no se tiene.

Para alcanzar la metas de 6.5% o más, México tendría que hacer una gran revolución institucional en infraestructura, mecanismos de toma de decisiones y apertura a inversiones privadas. El viejo modelo del Estado hegemónico ya no funciona en tanto que ese Estado carece de la movilidad, el control social y los recursos para las reformas estructurales. Los Estados han pasado de intervencionistas a reguladores. Sin embargo, el Estado mexicano se niega a autorreformarse bajo control, aunque ha tenido que ceder espacios en función de necesidades de corto plazo.

La reforma estructural del Estado se ofrece como la primera gran tarea del legislativo, toda vez que el ejecutivo seguirá promoviendo adecuaciones para mantener el control estatal. Pero si sr revisan las listas de diputados que podrían llegar al Congreso, se podrá notar la ausencia de inteligencias estratégicas modernizadoras. Peor aún, todos los partidos definieron sus propuestas electorales en función del viejo régimen, con un PRD que impulsó las reformas y que ahora quiere derogarlas, o un PRD pospopulista y hasta un lopezobradorismo regresivo y presidencialista.

Lo contradictorio del momento político mexicano radica en un espacio político más abierto y desafiante, pero con fuerzas políticas mirando al pasado. Al parecer, todos los partidos usarán las elecciones legislativas del 7-J de este año como una aduana política para las presidenciales del 2018, aunque el escenario de largo plazo también sea previsible ante un PRD desgastado y en caída, un lopezobradorismo cesarista y lumpen y un PAN sin rumbo y controlado por un Madero sin oferta de largo plazo.

En este sentido, el dato más revelador y preocupante del corto plazo mexicano sea la ausencia de opciones político-ideológicas funcionales a las necesidades del país. Ni siquiera se perciben cuadros políticos para impulsar las reformas pendientes, entre ellas las reformas contra la corrupción. Menos suponer que habrá economistas, politólogos o ingenieros dispuestos a la reconstrucción del modelo de desarrollo, del sistema político o del sistema económico.

En los países en transición, las representaciones legislativas fueron correspondientes con la exigencia de los cambios por construir. Pero el PAN va, entre muchos otros, con Miguel Angel Yunes Linares, un ex priísta marcado por la corrupción, la política sucia y la violencia y con Zeferino Torreblanca como candidato a la alcaldía de Guerrero, después de un desastroso ejercicio del gobierno de Guerrero manchado por la violencia criminal política. El PRD estará con Jesús Zambrano como el cancerbero de Los Chuchos pero clave en el ascenso de José Luis Abarca a la alcaldía de Iguala involucrado en la desaparición y asesinato de 43 estudiantes normalistas.

Y el PRI enlista cartuchos quemados más operativos para el corto plazo pero sin inteligencia política para los cambios institucionales, con César Camacho Quiroz al frente pero luego de encabezar al PRI más lerdo de la historia y reconocido por su capacidad de subordinación.

De ahí que la próxima legislatura se puede resumir en una palabra: deprimente.

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