Ventana/José Cárdenas

En el agua clara, cerca de la fuente…

En unas horas nacerá la reforma a Ley General de Transparencia. Al menos en el papel, servirá para erradicar la opacidad del sistema político nacional.

El resultado se logró con mes y medio de retraso, tras fuertes resistencias y un arduo debate entre senadores, gobierno y sociedad civil.

La nueva norma establece sanos principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en poder de cualquier autoridad, órganos autónomos, partidos políticos, fondos y universidades públicas, y los tres poderes de la Unión; por fin esas instancias deberán ventilar en que gastan cada peso y cada centavo.

La nueva Ley de Transparencia desnuda a los sindicatos que reciben dinero público; gremios como el petrolero, magisterial o burocrático quedarán abiertos al escrutinio.

Los 628 legisladores federales y locales también deberán detallar las innumerables remuneraciones recibidas, incluidos sus asesores…

Únicamente 11 instituciones tienen el derecho de restringir información en materia de seguridad pública, nacional y financiera; por ejemplo, no serán transparentes el Estado Mayor Presidencial, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

No se podrá reservar información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos y solo el Consejero Jurídico de la Presidencia podrá interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte.

Los organismos de transparencia tendrán uñas y dientes para sancionar a quien se guarde información por omisión, dolo o negligencia.

La paradoja del sinuoso proceso de aprobación, es que siendo uno de los compromisos principales del Presidente de la República, fue precisamente en la Consejería Jurídica de Los Pinos, donde surgieron los principales obstáculos y presiones para descafeinar la reforma.

Por ejemplo, los legisladores quieren transparencia, pero en los bueyes de sus compadres; uno, los servidores públicos no revelarán sus declaraciones patrimoniales; dos, tampoco publicarán sus declaraciones fiscales; tres, mucho menos darán a conocer sus declaraciones de intereses. La iniciativa ciudadana “tres de tres”, acabó en el basurero de la opacidad…

EL MONJE LOCO: El buen juez por su casa debería empezar. De los siete comisionados del IFAI solo tres han hecho pública su declaración patrimonial. Ni siquiera la presidenta Ximena Puente de la Mora se ha decidido a vivir en casa de cristal.

@JoseCardenas1| [email protected] | www.josecardenas.com