Indicador Político/Carlos Ramírez

INDICADOR POLÍTICO

¿Qué hacer con los maestros?

Por Carlos Ramírez

Independientemente que la Sección 22 de maestros oaxaqueños ganó el pulso de fuerza con Gobernación al conseguir el pago por horas no trabajadas, de todos modos queda en el tablero del juego político el tema del movimiento magisterial.

No conforma un movimiento social porque no promueve beneficios para la sociedad, tampoco busca posiciones de poder porque ha carecido de interés por la lucha institucional, menos aún está interesado en ampliar la democracia porque su método de negociación es autoritario y hasta fundamentalista, y de ninguna manera quiere construir un frente de lucha porque prefiere que otras organizaciones apoyen la lucha por salarios no devengados con trabajo y no se suma a ningún otro movimiento de masas.

Del otro lado la Sección 22 se ha encontrado con un negociador que carece de experiencia para negociar, que amenaza con retener salarios no devengados pero a la hora decisiva se echa para atrás y siempre cede, sin ninguna fuerza institucional ejercida para imponer el respeto a la ley y a las reformas y sin interés por socializar la crisis como una forma de construir una alianza social plural.

El punto crítico en las relaciones Sección 22-gobierno federal radica en el estallamiento de la violencia como factor de presión callera de los maestros, aunque con victorias policiacas cuando se ha tratado de desalojar el zócalo o de contener provocaciones. Al final de cuentas, la autoridad tiene el monopolio de la fuerza y tiene el derecho de utilizarla cuando sea necesario. Las técnicas de entrenamiento policiaco han alejado del escenario nacional cualquier posibilidad de algún tlatelolcazo.

La sociedad ha quedado atrapada en la lucha política callejera entre la Sección 22 y las fuerzas del gobierno. El escalamiento de la violencia ha sido uno de los factores de contención del uso de la fuerza policiaca. Pero en el fondo, el gobierno ha aplicado el método de la resistencia para contribuir a que la lucha magisterial se pudra y agote el camino de la violencia en las calles. Hasta ahora la Sección 22 de Oaxaca ha llegado a las tensiones con la policía.

Con el control que tienen sobre el gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo, la 22 ha encontrado en la administración local de Oaxaca a un aliado en la contención de la respuesta autoritaria del gobierno federal. Sin embargo, la escalada de provocaciones a zonas federales ya llegó al punto de que el gobierno federal está a la espera de un evento clave para romper de cuajo con el movimiento magisterial oaxaqueño como lo hizo en diciembre de 2006 al lanzar a la policía federal contra las barricadas y arrestar a los dirigentes.

Lo paradójico de la crisis del sindicalismo magisterial es que los maestros dependen del presupuesto federal para el pago de sus salarios, como empleados que son del gobierno federal. La Secretaría de Educación Pública ya ha probado el mecanismo de retención de salarios para maestros que no han asistido a dar clases y siguen cobrando sus salarios íntegros. Algunas versiones dentro del gobierno federal señalan que pronto se dará una maniobra legal para retenerles los salarios, obligar a los maestros a escalar la violencia en las calles y entonces usar toda la fuerza del Estado para aplacarlos.

Lo grave del asunto es que los maestros de la 22 de Oaxaca y una parte de la Sección 14 de Guerrero no tienen una estrategia de lucha política sino que aplican las técnicas de la escalada de violencia para intimidar al gobierno. Como no hay más agenda que el pago de salarios aún cuando no acrediten horas trabajadas, entonces la relación maestros disidentes-gobierno federal se romperá cuando los maestros cometan alguna barbaridad de violencia.

En el juego de estrategias inevitables, el gobierno federal está a la espera de que pasen las elecciones federales de junio próximo para evitar que el conflicto magisterial estalle en una violencia callejera oficial que afecte las votaciones del PRI. Por lo menos en algunas evaluaciones oficiales está bien consolidada la salida de fuerza que se utilizó en el 2006, luego de las elecciones presidenciales, del plantón de López Obrador en Reforma y de la toma de posesión de Felipe Calderón, sobre todo porque el efecto social y de derechos humanos fuer menor al esperado: el hartazgo de las sociedad oaxaqueña y capitalina por los plantones y las marchas contribuyó a eficientar la utilización de la policía federal contra la APPO oaxaqueña.

Los maestros de Oaxaca y de Guerrero carecen de apoyo político de los partidos, el PRD sólo habla de no usar la fuerza y López Obrador sólo mira el conflicto de soslayo. El PAN fue corresponsable del deterioro de la lucha de los maestros en esas dos plazas porque avaló la fórmula de Elba Esther Gordillo de soltarle el manejo de las cuotas seccionales a los liderazgos radicales, a cambio de que no se salieran del sindicato nacional. Y ahí está la clave: las secciones 22 y parte de la 14 manejan sus espacios seccionales exactamente igual que lo hacía la maestra Gordillo: la circulación de dinero para mantener a los maestros bajo control.

Lo que está agotado en la crisis magisterial es el modelo federal de dependencia del contrato de trabajo –conocido como condiciones generales de trabajo– pero la responsabilidad estatal de la agenda seccional. Asimismo, en el SNTE ha llegado al colapso el modelo de sindicato corporativo único. En Oaxaca los disidentes de la 22 formaron una sección pero son hostigados violentamente por las 22, sin que el gobierno estatal o el federal quieran movilizar nuevas secciones para fragmentar el dominio de las secciones existentes.

La reforma educativa del 2013 se agotó sólo en el mecanismo de la evaluación pero sin tomar en cuenta la reacción de los maestros evaluados. Y más que la evaluación en sí, la disputa entre maestros y el gobierno federal radica en la rectoría de la política educativa, tanto en la responsabilidad presupuestal como en el enfoque de la educación: los maestros quieren una educación para la revolución y el Estado busca una educación para la producción. En medio, el proyecto histórico que produjo el modelo existente fue derivado de la Revolución Mexicana y los maestros como apósteles de la doctrina histórica y el cardenismo que vio en los maestros a los extensionistas revolucionarios.

La inestabilidad social provocada por los maestros el descuido de la educación por falta de supervisión y evaluación y la violencia en las calles por maestros que han abandonado las urnas ha llevado ya la crisis del sindicalismo magisterial a un punto de rupturas que sólo podría estar esperando el momento político para aplicar alguna solución no de fuerza sino de Estado, como lo hizo Calderón en el 2009 con los sindicalistas del SME al disolver a Luz y Fuerza del Centro.

Pero no hay que descartar que el conflicto magisterial es apenas el efecto del agotamiento del viejo sistema político priísta y su complicidad proletaria y que su reforma es necesaria porque ese modelo cardenista ya no tiene ninguna justificación. De ahí que una salida del conflicto magisterial ya no podría ser tipo SME sino otra que fortalezca al Estado y no deje secuelas en las calles.

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