Indicador Político/Carlos Ramírez

Ahora que por fin apareció el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos y los grupos activistas que mueven las protestas deberían enfocar sus baterías hacia el PRD.

Luego de esconderse de la crisis, les llegó la hora a Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Carlos Navarrete, los tres responsables de los ascensos políticos de Ángel Aguirre y Abarca y su esposa, sin establecer controles de confianza.

En este sentido, los féretros simbólicos de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos deberían colocarse en el edificio principal del PRD, pues Abarca y Aguirre ganaron por el PRD y la esposa de Abarca era precandidata del PRD a la alcaldía de Iguala para suceder a su esposo. Pero la tribu «Aguilar Talamantes» –Los Chuchos le echó la crisis al gobierno federal.

Lo que viene ahora podría ser una reproducción del caso Joaquín el Chapo Guzmán: antes de su captura se decía que al ser apresado revelaría toda la estructura del poder político y policiaco a su servicio; sin embargo, ya en la cárcel nadie ha revelado lo que confesó el capo del cártel Sinaloa. Al final, el Chapo vale más por sus informes secretos que habría confesado en lo oscurito.

El ex alcalde Abarca tiene toda la información de sus relaciones peligrosas con la PRD y la tribu «Aguilar Talamantes»-Los Chuchos. Sólo que esa información tendría más valor como instrumento de negociación que difundida en los medios. Al final, la tribu de Jesús Ortega Martínez es la aldaba del PRI para cerrar la puerta del sistema a López Obrador.

Ortega, Zambrano y Carlos Navarrete son los perredistas que pactaron las candidaturas de Aguirre y Abarca, Por tanto, debieron ser los primeros en salir a encarar la crisis de Iguala. Sin embargo, los dos se dedicaron a endosarle la responsabilidad al gobierno federal y éste respondió con comedimiento en nombre de alianzas perredistas con las reformas peñistas. De ahí que la información de los interrogatorios a Abarca y a su esposa queden bajo llave secreta para evitar alguna ruptura del PRD chuchista con el gobierno federal.

En todo caso, corresponde a los padres de los normalistas desaparecidos y a los grupos activistas que han sobrecalentado las calles reorientar sus protestas hacia el PRD y hacia la tribu «Aguilar Talamantes»-Los Chuchos, sin duda la principal responsable de las acciones de Aguirre y Abarca en la conformación de una red orgánica entre autoridades políticas y policías estatales y municipales con el crimen organizado.

Lo malo de una contención de información para proteger aliados radica en el hecho de que encarecería la posibilidad de algún pacto político porque el PRD chuchista critica y regaña como si no hubiera tenido responsabilidad sobre el ascenso de Aguirre y Abarca.

Pero los ánimos están caldeados. Las agresiones verbales contra Jesús Zambrano en la UNAM fueron una muestra del repudio estudiantil a su papel en el caso Aguirre-Abarca. Zambrano se reunió con Abarca cuarenta y ocho horas después de haber estallado la indignación por la desaparición de 43 normalistas y sólo le dijo que solicitara licencia; la conducta de Zambrano en ese momento fue de complicidad con el responsable de la policía municipal de Iguala. En los hechos, Zambrano participó en la fuga de Abarca porque el ex alcalde se puso en fuga después de haber hablado con Zambrano.

En este sentido, Aguirre y Abarca pusieron al PRD en un espacio de severa crisis política, de credibilidad y de vigencia de su registro por las alianzas con un grupo del crimen organizado. En su afán por ser tolerante con un aliado, el gobierno federal tuvo que asumir una crisis que realmente no le correspondía. De todos modos la pregunta clave: ¿deben Ortega, Zambrano y Carlos Navarrete seguir al frente del PRD?