Alma Carolina Viggiano Austria
Tras un largo periodo de debates y lucha, un 17 de octubre de 1953 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Desde entonces, en México celebramos esta fecha y, con motivo de ella, hoy quiero presentarles las siguientes reflexiones.
En este mes se cumplen sesenta y un años de aquel histórico decreto, y hasta hace unos meses era el logro más significativo en lo que respecta a los derechos políticos de las mujeres. Durante estos años, las mujeres poco a poco nos hemos involucrado en los asuntos públicos y muchas hemos ocupado u ocupamos distintas posiciones en la vida política del país, no sin tropiezos y con cierta desigualdad pero finalmente nuestra visión y perspectivas se reflejan en el que hacer público y político.
Este 2014 ha sido un año de gran importancia política para las mujeres de todo el país. La aprobación de la reforma constitucional en materia político electoral, impulsada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que ha asegurado que el 50 por ciento de las candidaturas para elegir legisladores federales y locales sean ocupadas por mujeres, lo que no debería tomarse con alarma ni sorpresa si tomamos en cuenta que las mujeres somos poco más del 50 por ciento de la población total y de las personas inscritas en el padrón electoral.
Esta llamada “paridad de género” ha sido reforzada por el Instituto Nacional Electoral, que en días pasados se ocupó de la integración de 18 Organismos Públicos Locales Electorales en los estados, donde designó a 66 mujeres consejeras, 10 de ellas presidentas, que representan el 52% del total de integrantes de dichos organismos.
Por otra parte, el pasado miércoles el Tribunal Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de las Mujeres, con el impulso del Presidente Enrique Peña Nieto, firmaron un convenio para la creación del Observatorio de Participación Política de la Mujer que tendrá el propósito de promover los derechos políticos de las mujeres, así como evaluar y medir el acceso de las mujeres a la vida política nacional, con la finalidad de aportar información para el diseño de políticas públicas que permitan un mayor empoderamiento.
Sin duda, los avances han sido muy importantes, pero aún hay temas por discutir, como el porcentaje que los partidos políticos destinan a actividades formativas y de capacitación para el impulso a los liderazgos políticos de las mujeres, que es del 3 por ciento del presupuesto otorgado a cada partido. En primer lugar hay que revisar como se está aplicando, también hay que evaluar si es suficiente en virtud de las nuevas reglas de paridad que hace necesaria la existencia de cuadros preparados para competir y ejercer cargos de representación popular.
De igual manera, hechos recientes nos obligan a revisar la posibilidad de tipificar y sancionar la violencia política de género en las contiendas electorales, que se puede manifestar dentro de los propios partidos políticos. Por dar algunos ejemplos, podemos mencionar algunos posibles como las amenazas para que algunas mujeres no se registren como candidatas, la exigencia de renuncias en blanco antes del registro y otras ofensas basadas en el género expresadas durante las campañas electorales.
Hoy más que nunca, las mujeres debemos ejercer nuestros derechos porque no basta con que la igualdad se refleje en nuestras leyes, es necesario que nuestros actos sean el principal reflejo de la igualdad, porque el mundo y el país en el que vivimos está formado por la mitad de hombres y de mujeres, en consecuencia, sin la participación de más de la mitad de la población no podemos hablar de democracia.