Indicador Político/Carlos Ramírez

Al margen de las pasiones de los que no ganaron y en la lógica de que las reformas energéticas se promulgaron legalmente, el debate debe ser ahora el de sus objetivos concretos. Y ahí hay uno que estuvo merodeando en el trasfondo de los discursos del debate pero que no pudo aterrizarse: el nuevo modelo de desarrollo.
Por sí mismas, las reformas tendrían el escenario de las reformas salinistas: sin una conducción ni regulación del Estado, beneficiarán a los más fuertes. Y hablar del Estado es referirse al gobierno, a las instituciones, al Congreso con tareas adicionales pendientes, a los partidos y a la sociedad misma.
Pero todo indica que la oposición gastará un año en promover una consulta que quién sabe si se hará, que quién sabe si tendrá efectos legales y que quién sabe si logrará consenso nacional, en lugar de abrir el debate sobre regulaciones y sobre objetivos de desarrollo.
Las reformas se localizan en lo que podría llamarse la quinta modernización nacional:
1.- La primera corrió de 1856 a 1872 y abarcó la modernización de los liberales y las leyes de Reforma como fundadoras del capitalismo, junto a una ordenación del poder político estatal y de la configuración del Estado-nación. El gobierno asumió el poder pero no logró consolidar al Estado.
2.- La segunda fue la porfirista de 1892 a 1911. Como proyecto se asumió con la incorporación de José Ives Limantour y su grupo de Científicos al gobierno de Díaz. De acuerdo a testimonios históricos recogidos por Carlos Díaz Duffó, Díaz tenía la intención de dejar a Limantour como presidente pero éste se negó. La modernización abarcó inversión extranjera y activación de minas y ferrocarriles. Como parte de la modernización, Díaz institucionalizó la dictadura a las exigencias constitucionales y se reeligió cumpliendo requisitos, aunque aplastando a la oposición.
3.- La tercera modernización tuvo dos etapas del mismo venero: 1917-1940 como fundación de la estructura económica del Estado y 1946-1982 con dos modelos económicos: el estabilizador y el compartido, con el eje dominante del modelo de sustitución de importaciones con economía cerrada al exterior.
4.- La cuarta modernización 1983-2013 fue la de la globalización y privatización de la economía pública, pero sin mecanismos de activación económica y menos de distribución de la riqueza. El Estado abandonó la rectoría. Y la economía se dejó a las aportaciones de las exportaciones, aunque sin modificar los sistemas productivos nacionales.
Con las reformas educativa, de telecomunicaciones, financiera, energética y la que viene del campo se estaría llegando a una quinta modernización. Sólo que a medias: las reformas efectivamente han modificado las estructuras productivas, de poder político y de distribución, pero con la ausencia notable de un modelo de desarrollo diseñado, vigilado y administrado por el Estado.
Salinas privatizó el ejido pero careció de un proyecto de reordenación del sistema productivo agropecuario; hoy, por ejemplo, las fresas de consumo diario vienen de los Estados Unidos. La apertura comercial reventó a la planta industrial mexicana y el país fue víctima de un proceso de desindustrialización. Y la reforma salinista no tuvo un mecanismo de administración de la riqueza, lo que provocó lo que puede llamare el efecto Slim: enriquecimiento de pocos, contra el aumento de la pobreza.
El saldo de la modernización salinista se puede resumir en tres indicadores:
1.- El 50% de mexicanos en situación de pobreza.
2.- Una tasa de desempleo-subempleo de 15% con un 60% de economía informal.
3.- La desnacionalización productiva: un alto grado de importación de casi todos los bienes y servicios, con penetración de inversión extranjera.
Las reformas del presidente Peña Nieto no se van a analizar por sus alcances sino por sus resultados. Y ahí sólo habrá tres rubros importantes:
1.- PIB mayor a la tasa promedio anual de 2.7% del periodo 1982-2013 y como referencia el 6% del periodo 1952-1982.
2.- Empleo en el sector formal. Atención cuando menos al 1.2 millones de mexicanos que se incorporan anualmente por primera vez al trabajo, para lo cual se necesita de un PIB de 6.5%.
3.- Fortalecimiento de una planta industrial, agropecuaria, financiera y de servicios de carácter nacional, con el apoyo del Estado, para evitar el dominio de la inversión extranjera que promueva la exportación de riqueza vía utilidades.
4.- La configuración de un severo Estado regulador que someta a los inversionistas extranjeros al cumplimiento de leyes nacionales, a fin de ganarse las tasas de utilidades.
Luego del fracaso de la modernización salinista –no podía haber modernización con la mitad de mexicanos en situaciones de pobreza–, la reforma necesaria hubo de ser audaz. Pero no deben desdeñarse muchas de las advertencias que hicieron legisladores del PRD en las dos cámaras sobre los riesgos de una reforma sin un agente regulador superior. Porque el riesgo es que haya inversionistas extranjeros enriquecidos y una economía mexicana empobrecida.
El gran riesgo que existe sin un Estado regulador sería la multiplicación de los poderes fácticos, con fuerza para eludir las leyes y sobreexplotar la riqueza y a los trabajadores. Al final, las reformas habrán de juzgarse por los resultados y éstos sólo tendrán importancia si han contribuido a cambiar la estructura riqueza-pobreza actual de México.

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