Echan abajo “ley del garrote” en Chiapas

A 87 días que el Congreso Local de Chiapas aprobó la legitimización del Uso de la Fuerza Pública, donde se permitía la violencia física para controlar actos criminales durante una manifestación, este día se abrogó la ley que se denominó “del garrote”.

De manera unánime los representantes populares abrogaron en su totalidad el código que establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las instituciones de Seguridad Pública en el estado de Chiapas mismo que se aprobó el pasado 15 de Marzo.

La polémica ley fue criticada por grupos defensores de los derechos humanos luego que aseguraron era una ley que permitiría a los efectivos de seguridad pública abusar de las garantías individuales de los manifestantes sociales.

El pasado 15 de Marzo  los diputados locales votaron a favor pues, a declaración del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Fernando Castellanos Cal y Mayor, aseguró que esto daría un protocolo de actuación apegado a los derechos humanos.

“…Esto quiere decir que, a partir de la creación de este código, en Chiapas, las instituciones de seguridad pública tendrán un protocolo de actuación para el caso en donde se tenga que utilizar legítimamente a la fuerza pública, un protocolo de actuación en el que se apegue a los derechos humanos de los manifestantes que tengan que ser apercibidos con la fuerza pública…”, declaró Cal y Mayor el pasado 10 de Mayo.

Por tal motivo él y la mayoría de los congresistas chiapanecos, a excepción de los integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y la abstención de Gloria Luna Ruíz, de Acción Nacional, se aprobó dicho código.

Sin embargo este 11 de agosto, sin excepción de ningún representante popular, se echó abajo, por solicitud del secretario de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, quien a su vez fue el encargado de la administración de Manuel Velasco Coello, de enviar la propuesta de creación del código.

En tribuna la perredista, Hortencia Zúñiga Torres, reconoció la voluntad política del mandatario para abrogar la ley luego que un decreto similar al que se pretendía tener en Chiapas, causó revuelo mediático en Puebla el pasado nueve de julio cuando un menor fue, supuestamente, asesinado por una bala de goma de un efectivo policial.

Zúñiga Torres reconoció que Manuel Velasco Coello lo hizo antes de que se suscitara una situación similar y que “muerto el niño se tapara el pozo” por lo que la propuesta de abrogación fue aceptada por todas las corrientes políticas de Chiapas.