Monje Loco/José Cárdenas

Mañana cumple cinco años el peor crimen cometido en México; la bandera se izará a media asta. Las muertes de 49 niños y niñas y las heridas irremediables causadas a otros 76 pequeños por el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, son motivo de duelo nacional… y también de indignación y vergüenza.

“El predio donde funcionaba la guardería era compartido con una bodega de archivos del gobierno estatal donde inició el fuego que se propagó a la estancia infantil en la que se encontraban 176 niños y 50 empleados. La falta de detectores de humo, extintores y salidas de emergencia, provocaron los fallecimientos de los infantes, la mayoría por asfixia…”. Eso dice el informe oficial.

La realidad es aun peor.

Los inocentes –todos entre cinco meses y cinco años de edad– fueron víctimas de corrupción, negligencia y complicidad de una élite política unida por lazos perversos. En cinco años, los poderes del Estado han privilegiado el encubrimiento y la impunidad por encima de la justicia.

El incendio ocurrido la tarde de viernes 5 de junio de 2009 en la capital sonorense también reveló el manejo irresponsable del sistema de guarderías subrogadas por el IMSS aprovechado por funcionarios públicos para hacer negocio y mantener ocupadas a sus ociosas esposas a costa del erario público aprovechando la necesidad de centenares de familias.

La impunidad del caso inició en el momento en que el sistema de justicia operó al revés, al proteger a los culpables en lugar de perseguirlos, disolver responsabilidades… y convertirlos en intocables.

La lista de irresponsables es larga. Marcia Gómez del Campo –prima de la entonces primera dama Margarita Zavala– dueña del galerón habilitado como estancia; Carla Rochín Nieto, coordinadora de guarderías del Seguro Social; Ernesto El Borrego Gándara, ex presidente municipal de Hermosillo, quien permitió la operación indebida del local pese a los dictámenes de Protección Civil, que años antes advertían el peligro de lonas y plafones combustibles colocados en el techo del lugar.

También culpables han sido el ex gobernador Eduardo Bours Castelo –el jinete de la corrupción– y el ex procurador Abel Murrieta Gutiérrez –quien estuvo a cargo de las primeras investigaciones–. En el mismo tenor, el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, se apresuró a tranquilizar a los involucrados garantizándoles libertad bajo el argumento de que la tragedia fue producto de un “lamentable” accidente.

Al cumplirse un año del desastre, la Suprema Corte se sumó a la ignominia, al despedazar el dictamen del Ministro Arturo Zaldívar, quién planteaba responsabilidades políticas del ex director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, por el desastre generalizado en las guarderías y por falta de eficacia en la atención de la tragedia. Los ministros del máximo tribunal, presionados por el Gobierno de Felipe Calderón, optaron por no hacer justicia. Un total de 19 funcionarios involucrados inicialmente quedaron exonerados.

El cambio de gobierno encendió una luz de esperanza para los padres de las víctimas. En junio del año pasado, el subprocurador Renato Sales Heredia garantizó una investigación de la investigación. Las cosas marchaban bien hasta el 28 de enero pasado, cuando el funcionario fue designado “zar” antisecuestro del Gobierno Federal y otra vez las indagatorias quedaron entre las cenizas del olvido.

A cinco años de distancia el sistema se burla de las víctimas; los padres siguen mendigando justicia y los involucrados gozan las mieles de la impunidad. Juan Molinar Horcasitas es Director de la Fundación Rafael Preciado y miembro de la Comisión Permanente del PAN; Ernesto Gándara es senador de la República; Eduardo Medina Mora ocupa nuestra embajada en Washington… y Eduardo Bours, sigue durmiendo como bebé.

Los niños de la Guardería ABC tuvieron mala suerte, la mala suerte de nacer en un país donde una vida vale mucho menos que los intereses de un puñado de políticos corruptos y sus desalmadas familias influyentes.