NDICE POLÍTICO/FRANCISCO RODRÍGUEZ

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YUNES: 20% DE COMISIÓN

El 31 de agosto de 2011, el diario La Jornada dio a conocer que “la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó al Instituto Federal Electoral (IFE) que busque en sus registros el domicilio de Othón Cabrera Hernández, ex subdirector de Tecnologías de la Información del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por encontrarse sujeto a un proceso administrativo de responsabilidades por presuntos actos de corrupción en esa dependencia.
“Cabrera Hernández ocupó dicho cargo durante la gestión de Miguel Ángel Yunes, quien en 2010 renunció a la dirección general del ISSSTE para contender como candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz…”
En la misma nota informativa firmada por la colega Elizabeth Velasco se da cuenta de que “Cabrera Hernández –quien también colaboró con Yunes en la Secretaría de Seguridad Pública federal–, a su salida del ISSSTE, creó una empresa denominada Business & IT Consulting (con domicilio en Reforma 222, a unos pasos de las oficinas centrales del ISSSTE), entre cuyos clientes se encuentran el instituto y la compañía Quark Soft, la cual prestó, en diciembre de 2007, los servicios de fábrica de software a la dependencia de seguridad social.
“Al menos así consta en la factura 0872 de Quark Soft, mediante la cual se cobró al ISSSTE unos 19 millones 634 mil 56 pesos para el desarrollo de software.”
Y, en efecto, la empresa Quark Soft vinculada a Othón Cabrera prestó el Paquete de Servicios de Fábrica de Software del ISSSTE para los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009 y 2010 por un monto de 446 millones 876 mil 660 pesos bajo el contrato LPN-CS-CGA-SRMS-191/2007 (LPN-0063002-008-07).
El propietario de Quark Soft es César Montes de Oca.
El contrato inició el 5 de diciembre de 2007. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2007 –26 días después de iniciado el contrato–, según consta en la factura 0872 de Quarksoft, esta empresa cobró al ISSSTE 19 millones 634 mil 056 pesos con 95 centavos por ¡58 mil 610 horas de trabajo!
Esto es: un precio unitario, sin IVA, de 291 pesos con 30 centavos.
No sólo eso. El contrato tuvo un convenio modificatorio respecto al “responsable de administrar el servicio”.
Pero lo peor es que existe incumplimiento contractual debido a que los trabajos contratados no fueron concluidos.
Por este contrato Miguel Ángel Yunes Linares a través de Othón Cabrera obtuvo una comisión del 20 % del valor del contrato. Unos cuatro milloncitos, para sus gastos navideños.

DINERO PÚBLICO TRIANGULADO

La triangulación, para que Yunes recibiera el dinero se realizó a través de tres empresas: Andy Trade S.A. de C.V., APDAIM S.A. de C.V. y Comercializadora VIAYINNI S.A. de C.V.
Así, las factura pagadas por Aplicación de Diseño de Alto Impacto (APDAIM S.A. de C.V.) son las siguientes:
– Quark Soft, factura 0025 de fecha 10 de abril de 2008, por un monto de 991 mil 162 pesos 43 centavos, por el servicio de Consultorías: Diseño administrativo, organización de grupos de trabajo, administración del sistema de inteligencia de negocios del proyecto “Centro de contratos Less Contact”.
– Quark Soft, factura 0027 de fecha 17 de abril de 2008 por un monto de 973 mil 782 pesos 85 centavos, por el servicio de Consultorías: Diseño administrativo, organización de grupos de trabajo, administración del módulo de “Cierre de Campaña”.
-Quark Soft, factura 0029 de fecha 24 de abril de 2008 por un monto de 1 millón 143 mil 892 pesos 03 centavos, por el servicio de Consultorías: Diseño administrativo, organización de grupos de trabajo, administración del sistema de inteligencia de negocios “Hola Paisano”.
Y cara de paisanos, cual se dice coloquialmente, es que Miguel Ángel Yunes Linares nos ha visto hasta ahora a los contribuyentes.
Tranquilo, disfruta hoy y desde hace tiempo de los dineros públicos malhabidos, ¿no cree usted?

Índice Flamígero: Para quienes ejercemos el oficio periodístico es inadmisible que desde el Gobierno del Distrito Federal se quiera imponer a una candidata afín, Perla Gómez, para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Esta abogada encabezó, el año pasado, la demanda promovida por Jorge Carpizo contra Anabel Hernández, destacada periodista que no hizo más que realizar su trabajo informativo y ejercer su derecho a la libre expresión. Es un contrasentido que una institución como la CDHDF, que debe ser autónoma y garante de los derechos humanos pueda tener una presidenta con ese feo historial. ¿Las y los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) cargarán con el costo político de esta imposición del GDF? Las y los periodistas no lo aceptamos.

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