Opinión/José Luis Camacho Acevedo
TELEFONO ROJO
· Corte: informe y la sospechosa asignación de plazas
· Sánchez Cordero y la liberación de Forence Cassez
· Los apestados: José Ramón Cosío y Margarita Luna
Hoy habrá un informe políticamente correcto de Juan Silva Meza.
Durante su segundo informe anual el ministro hablará de la Corte y de su adiposo y costoso aparato como un ente de justicia y orden, de legalidad y apoyo a la paz nacional.
Asistirá, como corresponde a toda cortesía política, Enrique Peña Nieto, a quien el ex ministro Genaro Góngora Pimentel quiso destruir como aspirante presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando atrajo el caso Atenco y fue factor para liberar a quienes tenían atemorizado al pueblo y abusaron de policías inermes.
El tiempo desveló de cabo a rabo un misterio bajo sospecha: Góngora Pimentel era ariete jurídico de Andrés López y por ello estaba fue contemplado en su proyecto de gabinete para el período 2012-2018.
El dato no es suelto.
Otro ex ministro, Juventino Castro y Castro, asesoraba al tabasqueño en materia legal y era diputado federal plurinominal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Dicho en términos llanos, disponemos de una Corte política y Silva Meza, junto con Góngora Pimentel, censuró la actuación de la fuerza pública en el estado de México al inicio del gobierno de Peña Nieto.
Nadie aludirá a ello, pero
LOS VOTOS SEGUROS DE SILVA, WALLS Y SALDIVAR
Los ministros están a punto de ser claves de un asunto de trascendencia internacional.
A estas alturas nadie duda del proyecto favorable de la ministra Olga Sánchez Cordero para la liberación de Florence Cassez, integrante de una banda de secuestradores y, de acuerdo a los testimonios ya valorados por la ley, encargada de alimentar, atemorizar y mutilar a sus víctimas.
Primará el llamado debido proceso sobre el delito comprobado.
¿Cómo se alinearán los ministros?
Como en todos los órganos colegiados, en la Suprema Corte de Justicia de a Nación (SCJN) hay grupos y con Sánchez Cordero hay al menos tres votos más casi seguros: Juan Silva Meza, quien hoy rendirá su informe ante Enrique Peña Nieto; Sergio Walls y Arturo Saldívar.
Hay otros simpatizantes de esta idea y, en espera de conocer las posiciones de los recién designados Alberto Pérez Dayán y Alfredo Cortina, está la labor de convencimiento de la propia Sánchez Cordero.
No es una ministra de escasa trascendencia.
Es la decana y por ley presidirá las sesiones de la Corte en cuanto falte el ministro presidente, Silva Meza.
De ahí su influencia, de ahí el previsible desenlace de la secuestradora.
LPLAZAS INSTANTANEAS Y CERCANAS A FAMILIARES
Lejos del discurso oficial estarán otros hechos, en especial el manejo del aparato judicial.
Uno ellos es la facilidad con la cual llegan determinadas personas a posiciones de privilegio.
Casos sabidos:
Fernando Silva García, hijo del ministro presidente Juan Silva Meza, recién obtuvo su plaza de juez de distrito en Cuernavaca y es anfitrión de la familia casi todos los fines de semana.
Alberto Ortiz, ex secretario particular del ex presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, fue designado juez en el Distrito Federal sin mayor trámite.
Paulina María García Villegas Sánchez Cordero, hija de doña Olga Sánchez Cordero, logró también con facilidad su plaza en la ciudad de México.
La lista de casos es enorme.
Las adscripciones son determinadas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuyo presidente es también Juan Silva Meza o el presidente de la Corte en turno, pero llama la atención la facilidad con la cual se les asigna en ciudades de privilegio.
Otros tienen menos suerte: primero son enviados durante años a lugares lejanos a hacer méritos como la temida Ciudad Juárez-, lo cual no sucedió con los mencionados.
Y si de marginación se habla, ahí está un ejemplo en la mismísima Corte: el ministro José Ramón Cossío no es de las confianzas de Silva Meza y lleva meses relegado.
Ni siquiera tiene un comité a su cargo, a pesar de abundar.
O Margarita Luna Ramos, enfrentada a su colega Sánchez Cordero y con poca movilidad luego de ser la vocera oficiosa por su facilidad para exponer a la prensa los proyectos y votaciones de la Sala Superior.
De todo esto, claro, no se hablará ante el presidente Enrique Peña Nieto durante el segundo informe de Silva Meza.