TELEFONO ROJO/José Ureña

TELEFONO ROJO

· Una triste herencia del yerno de Elba en la SEP

· Unos 110 mil maestros evadirían la evaluación

· La revisión salarial fue más barata que en 2011

Muchas cosas rebotaron en las recién terminadas revisiones contractuales del magisterio.

De una, la de mayor trascendencia para la enseñanza elemental, dio cuenta ayer el secretario de Educación Pública, José Angel Córdova: no habrá sanciones para quienes no se acojan a la evaluación universal.

No es obligatoria.

Es opcional y hemos visto el rechazo casi generalizado.

La oposición incluyó por igual al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a su ala disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Es decir, a los afines a Elba Esther Gordillo y a los enemigos jurados de Elba Esther Gordillo.

En eso olvidaron sus diferencias.

Demos cifras gruesas:

El universo de maestros a evaluar durante el presente año está formado por 800 mil.

De ellos, unos 580 mil han mostrado interés en mejores salarios y prestaciones, para lo cual deben hacer cursos de postgrado y de preferencia con becas.

Para ello necesitan acudir a los exámenes.

80 MIL MAESTROS DE LA CNTE Y 30 MIL DEL SNTE

Como se ve, el rechazo no es generalizado.

De los 220 mil restantes, la mitad ha asistido o asiste a postgrados.

Por deducción restarían unos 110 mil y aunque no son mayoría, sí pertenecen al ala más recalcitrante, la dedicada a marchas, a protestas, a paros.

Más de 80 mil pertenecían a la CNTE y el resto al SNTE.

Se los presento:

Mayoritariamente están asentados en Oaxaca, Michoacán, el Distrito Federal y, en menor número, en Guerrero y Chiapas.

De su labor –o, mejor dicho, falta de ella- dan cuenta los niveles académicos de primaria y secundaria, cuyos alumnos y padres de familia sufren constantemente no nada más la falta de clases, sino manifestaciones a menudo violentas.

La mayor expresión de ellas fue Oaxaca en 2006, cuando la Sección 22 del SNTE, dirigida por Enrique Rueda, se alió a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) de Flavio Sosa, actual diputado local por el Partido del Trabajo (PT) y destruyeron infraestructura e instalaciones públicas.

Por algo Oaxaca tiene el peor nivel escolar el país.

AHOGADA LA EVALUACION, A REFORMAR EL ACE

Los 110 mil maestros restantes estarán en libertad para ser evaluados o no.

¿Por culpa de ellos?

En parte.

Aquí cabe un dato: en la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), firmada por Elba Esther Gordillo y la entonces secretaria y hoy candidata presidencial Josefina Vázquez, hubo un artífice con conflicto de intereses.

Fernando González era juez y parte.

Era a la vez yerno de La Maestra y subsecretario de Educación Básica, un enclave acreditado a las deudas políticas de Acción Nacional (PAN) con Gordillo durante la campaña de Felipe Calderón.

González dejó ese vacío y sólo él sabe si fue por omisión interesada.

Llegado de emergencia, cuando Alonso Lujambio estuvo imposibilitado de regresar a la SEP por la grave metástasis que sufre, el doctor José Angel Córdova debió tejer con premura y con una sola indicación presidencial:

-Restituir la comunicación con el SNTE y sacar adelante la Alianza por la Calidad de la Educación.

A tiros y tirones, pero cumplirá la encomienda: los exámenes serán los días 24 y 25 de junio para quienes tienen carrera magisterial y aspiran a becas de postgrado, y 7 y 8 de julio para los demás.

Así se salvará la emergencia.

La siguiente tarea será modificar el texto de la ACE y hacer obligatoria la evaluación a partir de 2013.

A este hueco le siguieron otros, como lo denunció La Maestra, entre ellos el incumplimiento de la SEP para difundir y concienciar a los educadores.

Gordillo no puede quejarse: consiguió 20 mil millones de pesos en la revisión contractual, seis mil directos al salario y prestaciones y 14 mil para mejoras en infraestructura, equipamiento y becas administradas por la SEP:

Buena suma, pero cinco mil millones menos que en 2010 con Lujambio.

¿Dónde está su mayor beneficio?

La operación es simple: a mayores salarios de los sindicalizados, más cuotas obrero-patronales.