COMENTARIO A TIEMPO/Teodoro Rentería Arróyave

COMENTARIO A TIEMPO
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Por Teodoro Rentería Arróyave

Ejercer de oficio la facultad de atracción, y combatir con mayor eficacia los delitos contra periodistas, contra los medios y a mayor amplitud contra las libertades de prensa y expresión, deberá de ser de cumplimiento obligatorio, así deberá desprenderse al convertirse en ley la Federalización de tales atentados contra la sociedad misma. Continuamos con la trascripción del ya fundamental documento.

“La libre manifestación de ideas, en todas sus posibilidades y alternativas, permite que las sociedades avancen en la construcción de diálogo, y de una opinión que respete la pluralidad de ideas, que a su vez, permita el desarrollo de una cultura política y participativa necesaria en la consolidación de un Estado Democrático de Derecho. Así, la libertad de expresión es un indicador del nivel de consolidación de la democracia en un país y un fiel reflejo del ejercicio de otros derechos fundamentales.

De manera específica, las personas dedicadas al ejercicio de la actividad periodística en sus diferentes manifestaciones y alternativas son las encargadas de informar y dar a conocer la expresión del pensamiento ajeno y proveer de información a la sociedad para facultarla a llamar a la rendición de cuentas y así promover la participación política informada. Así, toda la sociedad es víctima en caso de una violación a la libertad de expresión. Por ello, la violación a la libertad de expresión de quienes ejercen esta función, representa una afectación a la sociedad en su conjunto.

Como se ha mencionado, en los últimos años, organizaciones nacionales e internacionales, han dado cuenta del incremento de los ataques, amenazas y actos de intimidación en contra de personas que ejercen la labor periodística y los medios de comunicación en América Latina. Dentro de este contexto México es considerado como el país más peligroso para ejercer el periodismo en la región.

Este fenómeno en México ha despertado la preocupación mundial de tal manera que la Relatora Especial de la OEA, Catalina Botero; así como el Relator Especial de la ONU, Frank La Rue, elaboraron sendos informes para explicar la razón real desatada en contra de la libertad de opinión y de expresión, en dichos informes solicitaron al gobierno federal y al Congreso de la Unión, la federalización de los delitos contra periodistas.

Por su parte México a través de la Procuraduría General de la República dio a conocer en su 5° Informe de Labores, los resultados estadísticos en materia de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, durante el ejercicio comprendido del 1º de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011, información que pone en evidencia la imperiosa necesidad de llevar a cabo la reforma constitucional que se propone y se dictamina.

En dicho informe se señala que durante el periodo referido, se iniciaron investigaciones sin prejuzgar sobre la competencia, en virtud de que la Fiscalía Especial no decide a priori si los hechos denunciados son o no materia federal, por lo que efectúa la práctica de diligencias a efecto de integrar debidamente la indagatoria y de esta manera estar en aptitud de resolver sobre la competencia de cada caso concreto.

En este mismo sentido y en el marco de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, la Fiscalía en vía de colaboración y asistencia con las autoridades locales, ha procedido cada vez que se lo han solicitado, a efectuar las diligencias y/o análisis detallados de las evidencias e investigaciones que se integran en el fuero común. Lo anterior, a efecto de colaborar con los Estados, y cuando así proceda legalmente ejercer la facultad de atracción federal.

Actualmente la Fiscalía cuenta con un control automatizado de registros que parten del año 2000, respecto a los homicidios y desapariciones de periodistas, que permiten identificar a las víctimas por entidad federativa, año, zona o región geográfica, medio de comunicación al que pertenecían, entre otros.

Es por ello que estas comisiones dictaminadoras comparten con la Colegisladora la urgente necesidad de aprobar la reforma constitucional en estudio. Y en este tenor, se estima pertinente que cuando estos delitos trasciendan al ámbito de las entidades federativas o tengan efecto a nivel internacional sean investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales, quienes con esta reforma podrán ejercer de oficio la facultad de atracción, y combatir con mayor eficacia los delitos contra periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión, información e imprenta, que tengan conexidad con delitos del fuero común”. CONTINUARÁ