SE CRUCIFICAN TZOTZILES EN LAS PUERTAS DEL CONGRESO LOCAL

Gabriela Coutiño

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 18 Marzo.- Dos indígenas tzotziles se “crucificaron” este domingo en las puertas del Congreso local, como parte de la jornada de protestas que mantienen desde la semana pasada exigiendo la liberación de familiares presos, procesados en diferentes penales de Chiapas.

Elisa Díaz Díaz, originaria de Chalchihuitán, que pide la excarcelación de su padre preso en el penal El Amate, fue amarrada a una cruz de madera al lado de Agustín López López, originario de la comunidad Rincón Chamula del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, quien aboga por la liberación de su hermano José Luis Bautista López en las afueras del palacio legislativo.

Elisa y Agustín junto con agremiados de la Central de Organizaciones Campesinas Populares (Cocyp), instalaron desde la semana pasada en un plantón en el Congreso local, luego de denunciar la apatía, la indiferencia y el desinterés del gobierno estatal y del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, que preside el tzeltal Lorenzo López Méndez, por lo que solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNHD), de la Secretaría de Gobernación y del Senado de la República para la revisión de los expedientes de sus presos.

Los indígenas campesinos se mantienen protestando con diversas acciones. Otros de los agremiados como Martha Bautista Bautista, Florentino Gómez Girón, Dominga Bautista Hernández, Elías Díaz Díaz y Alberto Patishtán, se mantienen con los labios cosidos desde hace nueve días, por lo que se les diagnosticó cuadros de vómitos, vértigos y desmayos.

Los campesinos exigen revisión jurídica de, por lo menos una decena de expedientes de internos procesados por homicidio, secuestro, ataques a las vías de comunicación, portación ilegal de armas de uso restringido, robo con violencia y despojo.

Guillermo Hernández Pérez, enlace nacional en Chiapas de Cocyp, informó que en la reunión de este sábado con autoridades del gobierno de Chiapas, no se estableció ningún acuerdo. “Se nos dijo que el gobierno estatal tiene actualmente mil 500 casos de presos de diferentes organizaciones sociales y campesinos, que Cocyp no es la única que encara esa demanda”.

Dijo que el reclamo de la COCYP se fundamenta en los cúmulos de vicios e irregularidades en la integración de cada uno de los procesos penales iniciados en contra de compañeros agremiados.