
Política al margen
TELEFONO ROJO
* Tiemblan gobernadores con el rompimiento PRI-Panal
* No quieren alterar contratos y relaciones con el SNTE
* Pérez Motta, la CFC, los monopolios y las filtraciones
No es fácil para los priístas olvidar a Elba Esther Gordillo.
La Maestra y su Partido Nueva Alianza (Panal) son importantes para muchos de ellos no por cuanto aportan de votos, sino por razones extra electorales y aun fuera de las escuelas públicas de enseñanza elemental.
No son militantes comunes y corrientes.
Son los 19 gobernadores del país, quienes invariablemente deben tratar con la señora Gordillo para resolver políticas públicas y sobre todo para renegociar el contrato colectivo de trabajo con sus respectivas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tratos a los cuales no escapan ni panistas ni perredistas.
Bueno, acaso la excepción sea la ciudad de México, donde el manejo de las escuelas elementales depende directamente de una subsecretaría de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del Distrito Federal (GDF) no tiene convenios contractuales ni responsabilidades presupuestarias como el resto de la entidades federativas.
De todos modos, el jefe de Gobierno perredista, Marcelo Ebrard, mantiene una relación de primera con Elba Esther desde cuando su mentor, Manuel Camacho, convenció a Carlos Salinas y le llevó en 1989 a La Maestra para entronizarla en el SNTE en lugar de Carlos Jonguitud Barrios.
-Lo único que le pido es que no haga con el profesor Jonguitud Barrios lo que hizo con Joaquín Hernández Galicia (La Quina) -le pidió Gordillo.
Salinas aceptó y en lugar de procesar a Jonguitud Barrios, como hizo con Hernández Galicia, le dio un ultimátum con tres instrucciones muy precisas:
1.- Renunciar a la presidencia vitalicia de Vanguardia Revolucionaria.
2.- Solicitar licencia como senador de la república, con aprobación inmediata.
Y 3.- viajar antes de 24 horas a Estados Unidos, junto con su esposa, para un destierro sexenal.
Así comenzó en tiempos de Salinas el enorme y creciente imperio de Gordillo con el apoyo de los gobiernos federales subsecuentes (Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón) y los estatales no saben cómo escapar a esa influencia.
EL MAGISTERIO COMO FACTOR DE ESTABILIDAD
Los gobernadores se sienten indefensos e impotentes.
No saben cómo actuar.
Un sondeo realizado entre ellos produce una constante: la relación con Elba Esther Gordillo y su SNTE es magnífica, ella no ha sido factor de conflicto político y no quieren repercusiones locales por el rompimiento de la alianza entre el Panal y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para las próximas elecciones.
La ven como riesgo y factor de equilibrio político.
Si ella no hace olas, el magisterio y la educación estarán en paz.
De lo contrario, tendrán problemas y no los quieren.
Los únicos estados donde su influencia es menor son Oaxaca, Michoacán -y en menor escala Chiapas y Distrito Federal- por el arraigo de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), pero eso entraña otros riesgos, otras presiones.
Esto lo han hecho saber a la cúpula priísta -Enrique Peña Nieto, Pedro Joaquín Coldwell- para continuar la buena relación y ver cómo se atenúan los efectos de esa inesperada separación electoral.
La decisión final está en estudio, pero nadie duda de los efectos si el trato entre el PRI con Gordillo y el Panal se agrava.
El asunto no está concluido.
LA CFC, ENTRE EL MISTERIO Y AL FILO DE LA LEY
Por lo investigado, la Comisión Federal de Competencia (CFC) prohibió el martes en primera instancia la asociación Televisa-Iusacell para el cuádruple play.
Pero los vericuetos de la ley permiten dar una negativa sin ser definitiva, condicionada al cumplimiento de determinados requisitos y la garantía de ciertas obligaciones.
Ambas empresas, Televisa y Iusacell, abrirán litigios en aras de alcanzar la reconsideración y quizá más adelante, al cabo de mil y un procesos, se les autorice a ir juntos para entrar a la competencia plena.
Los abogados llaman a esto resoluciones suspensivas.
Eso se sabrá más adelante en tribunales.
De momento lo grave de la decisión está en dos campos: la Comisión de Eduardo Pérez Motta se cierra toda opción a la libre competencia y oculta la difusión de su acuerdo pero incurre en delito con las filtraciones.
El propio comunicado de la CFC invoca un artículo para esperar la comunicación a las partes involucradas, lo cual no había sucedido hasta anoche, mientras algún comisionado reportó a algún medio periodístico la votación emitida en privado: 3 a 2 en contra de la fusión Televisa-Iusacell.
¿Usarán estos elementos las dos firmas para exhibir una vez más la falta de profesionalismo de Pérez Motta y compañía?
Suena lógico.
Pero mientras se pasa a esos nuevos capítulos, la competencia en la telecomunicaciones sigue clausurada por decisión de cinco personas.