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TUXTLA GUTIERREZ, Chis., a 26 de febrero de 2011.- La Procuraduría General de Justicia del Estado ( PGJE) ejercitó acción penal contra tres abogados miembros del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, entre ellos, el director Nataniel Hernández Núñez, quienes participaron en acciones de protesta por la liberación de 10 indígenas detenidos el 3 de febrero, durante una trifulca entres dos grupos en pugna por la caseta de Agua Azul.
Funcionarios de la dependencia informaron que los tres abogados son presuntos responsables de los delitos contra el orden constitucional y la seguridad del estado, por lo que fueron consignados además de Hernández Núñez, José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva.
Con base en las pruebas recabadas, se determinó que los ahora indiciados perturbaron el orden público al obstruir vías de comunicación terrestres, indicaron
La dependencia explicó que en la averiguación previa11/IC22/2011, se integraron declaraciones de testigos presenciales, que señalaron de manera directa como quienes el pasado 21 de febrero encabezaron al grupo de personas que bloqueó por espacio de varias horas el tramo carretero entre los municipios de Tonalá y Pijijiapan, a la altura del puente San Diego Las Pilitas.
Según la Procuraduría, los denunciantes señalaron que durante las acciones, los integrantes del Consejo Autónomo Regional de Resistencia Civil actuaron de manera agresiva, incitando a la violencia, mientras exigían a los automovilistas diversas cantidades de dinero para dejarlos continuar su camino
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) aseguró en un comunicado que la detención de los tres abogados se realizó cuando los defensores realizaban actividades de observación y documentación de posibles violaciones a los derechos humanos, que podrían cometerse por parte de las autoridades estatales mientras se realizaba el bloqueo.
Desde el pasado 3 de febrero, organizaciones sociales adherentes al movimiento de La Otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) mantienen diversos movimientos de resistencia y protesta contra el gobierno del estado, en demanda de la liberación de 10 campesinos encarcelados por su presunta responsabilidad en la muerte de un campesino y 17 turistas nacionales y extranjeros retenidos, durante un enfrentamiento la comunidad de San Sebastián Bachajon por la disputa de la caseta del centro eco turístico de Agua Azul.
El Frayba y los campesinos de Bachajòn, sostienen que durante la detención de los 10 indìgebas hubo violaciones a derechos humanos, al no contar con un traductor ni defensor público, además de que fueron confinados y sujetos a incomunicación.