Australiano demanda al INM por detenerlo ilegalmente cuatro meses

MEXICO, D.F. 16 de Noviembre de 2010.-El inmigrante austriaco, Stephan Compton, demandó por dos millones de pesos al Instituto Nacional de Migración (INM) por violaciones a sus derechos humanos, al detenerlo presuntamente durante cuatro meses en forma injustificada

Antes de tomar esta determinación, Campton estuvo privado de su libertad, desde el 19 de noviembre de 2009, hasta el 24 de marzo del 2010 en la estación migratoria de “Las Agujas”

Presuntamente al austriaco, nunca fue informado sobre sus derechos de manera efectiva por parte de las autoridades migratorias, nunca se le dijo cuáles eran las disposiciones administrativas que había violado, no se le permitió aportar pruebas ni nombrar abogado que los auxiliara en su procedimiento administrativo migratorio.

Compton vive en territorio mexicano desde hace más de 5 años, fue liberado debido a que el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal y posteriormente el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, le concedieron un Amparo, reconociendo que habían existido violaciones en el procedimiento administrativo migratorio seguido en su contra.

En la búsqueda del reconocimiento de sus derechos al solicitar al Instituto Nacional de Migración el cumplimiento de diversas prestaciones que incluyen: (a) $2, 000,000.00 de pesos como indemnización pecuniaria por el daño moral derivado del menoscabo ilegítimo de la libertad del 26 de noviembre de 2009 al 24 de marzo de 2010

De la misma forma demanda, proveer información de calidad a la población migrante sobre sus derechos; (c) la revisión o derogación de leyes o prácticas que sean contrarias a los derechos humanos de las personas migrantes, así como la adopción de leyes y prácticas que se busquen la efectividad de los mismos, entre otras.

Por su parte, la organización, Sin Fronteras espera que la reparación integral del daño a Stephen Compton sea un componente de la justicia esperada en su caso, y que incluya la no repetición de los hechos con cualquier otra persona migrante, ya sea con residencia o en tránsito por México.