Indicador Político/Carlos Ramírez

La segunda fase de apertura económica con las reformas estructurales del gobierno penañietista ha llevado a un fenómeno interesante: el arribo de medios de comunicación extranjeros asociados a los intereses de los nuevos inversionistas.

Las revistas Forbes, Fortune, Rolling Stone, Esquire, Newsweek, The Economist y el servicio de noticias financieras Bloomberg se han convertido en factores de presión de intereses transnacionales, mientras los medios mexicanos los toman a ciegas de referencia.

Así ha ocurrido con las informaciones sin fuente abierta de Esquire sobre el enfrentamiento entre secuestradores y militares en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio. Las revelaciones de la edición mexicana de la revista estadunidense ocultan la fuente y le otorgan credibilidad a los delincuentes atrapados in fraganti. Sin embargo, la información carece de un contexto criminal por el control del crimen organizado de esa parte suroeste mexiquense. No debe pasar desapercibido que se trata del estado de nacimiento del presidente Peña Nieto.

Tampoco se debe perder de vista que en casos concretos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en la zona norte de Tamaulipas, las bandas criminales tomaron la bandera de los derechos humanos para paralizar las acciones federales en su contra. Inclusive, en Ciudad Juárez, los delincuentes portaban una tarjeta informativa sobre cómo llevar su caso criminal al terreno de los derechos humanos, y cárteles pagaban a grupos sociales para organizar marchas de protesta por supuesta violación de derechos humanos.

La zona de Tlatlaya es agreste, de difícil acceso y por tanto de controles oficiales complicados. La disputa entre grupos diferentes del crimen organizado ha sembrado el terror entre la población. Se han documentado actividades criminales de delincuentes: extorsiones, secuestros, cobro de piso, además de imponer ilegalmente y de acuerdo con sus intereses toques de queda, limitaciones al libre tránsito con retenes.

Asimismo, se acumulan denuncias de violaciones, asesinatos y desapariciones de personas. Estas violaciones de derechos humanos han sido ignoradas por los medios de comunicación.

El 30 de junio una partida de militares detectó vigilancia armada en una bodega, aplicó los protocolos para conminar a la rendición y la entrega de armas pero encontró como respuesta fuego nutrido de los delincuentes. Los militares respondieron a la agresión con un soldado herido y un vehículo militar destruido por el fuego enemigo. En la refriega murieron 22 delincuentes y se encontraron tres mujeres secuestradas.

La edición mexicana de la revista Esquire reventó la versión de familiares de los delincuentes acusando al ejército de “ejecución” de delincuentes. La información se basa en la versión de denunciantes, sin que haya ninguna indagación propia del lugar, ninguna documentación de las bandas criminales que controlaban el lugar y nada de las armas que portaba y usaron los secuestradores. Se trata de la misma estrategia informativa manipuladora de los medios estadounidenses para cubrir los asesinatos de civiles en Irak y Afganistán.

La nota de Esquire permite atar cabos sobre la irrupción en México de intereses informativos estadunidenses en temas que preocupan a los inversionistas atraídos por las reformas privatizadoras. No es gratuita la presión de la comunidad militar estadounidense por someter a las fuerzas armadas mexicanas a sus intereses para conseguir la presencia extranjera en acciones de seguridad y de espionaje. Hasta ahora, por cierto, el ejército mexicano ha cerrado las puertas a la intentona de instalar “asesores militares” en México, un enfoque de contexto ignorado por la prensa mexicana que repite acríticamente las denuncias de medios estadunidenses.