Indicador Politico/Carlos Ramírez

Mientras el gobierno del presidente Barack Obama decidió políticamente esperar el resultado de las elecciones de noviembre para tomar cartas en el asunto de la migración, México ha tenido que cargar con el peso de las decisiones en ese tema caliente.
En este sentido, el estado de Chiapas y el gobernador Manuel Velasco Coello emergieron como un asunto de seguridad nacional, pues su posición estratégica en el escudo sur de la república replica como crisis en la frontera norte con los EU.
Los datos oficiales revelan que entre un millón y un millón y medio de personas cruzan la frontera del Suchiate no sólo para adentrarse en México como zona de trabajo sino como zona de tránsito hacia la frontera tamaulipeca con Texas.
La estrategia del nuevo Programa Frontera Sur anunciado en julio será una de las más importantes y sensibles de la política de seguridad nacional de México, no sólo en términos de ordenar el cruce de centroamericanos sino de quitar el traslado de indocumentados a la frontera con EU de la agenda del crimen organizado.
En este sentido, el gobierno de Chiapas aparece como pieza fundamental, no sólo para permitir programas federales sino para localmente tomar medidas de protección de los indocumentados. De ahí la importancia que le ha dado al tema el gobernador Velasco Coello y el papel fundamental de la política de seguridad estatal basado en la protección a los derechos humanos.
La posición estratégica de Chiapas le confiere al estado la principal responsabilidad en ordenar el cruce de centroamericanos. Pero se trata de una política federal que en nada ha ayudado al problema de la seguridad por el riesgo de puertas abiertas en la frontera sur. Chiapas es la parte de mayor flujo de centroamericanos, pues pocos usan las vías de Tabasco, Campeche y Quintana Roo y porque la mayor parte usa el corredor de Guatemala y no Belice.
El principal problema que ha detectado el gobierno de Chiapas es el de la corrupción pero con responsabilidad federal. Con pocos recursos, el gobierno estatal ha aumentado la inversión en seguridad pública, ha comenzado a modernizar las policías y se ha apoyado en las fuerzas federales, ahora con el arribo de un contingente de la Gendarmería.
La crisis se ha agudizado porque muchos centroamericanos se han asentado en el estado, otros se han ido quedando en el largo camino hasta la frontera estadunidense de Tamaulipas y todos han sido víctimas del crimen organizado. Las historias de la criminalidad contra los migrantes han horrorizado a la opinión pública, sobre todo por la poca atención de las fuerzas federales de seguridad.
Hasta ahora el gobierno de Velasco Coello le ha dado prioridad a la protección de los derechos humanos de los migrantes, pero el cruce de centroamericanos podría rebasar la capacidad de seguridad del gobierno mexicano. De ahí la importancia de, tarde pero con intención concreta, trabajar directamente con los gobiernos centroamericanos para evitar el sueño fácil de cruzar México para obtener trabajo indigno y mal pagado en los EU.
En la definición del Programa Frontera Sur fue clave la participación del gobierno chiapaneco de Velasco Coello por la presión democrática, social y política de cientos de miles de centroamericanos que pasan la frontera sin regulación. El problema es de derechos humanos pero también de seguridad pública para no exponer a la población chiapaneca a la presencia incontrolada de ciudadanos en busca de empleo.
De ahí que Chiapas se haya convertido en un pivote de la seguridad nacional de México. Sin esa participación, Chiapas podría ser un polvorín de problemas sociales que traen consigo los migrantes que escapan de la pobreza de sus países y la asientan en territorio mexicano.