Ventana/José Cárdenas

Cuando éramos niños, hace ya muchos años, había dos juegos favoritos para pasar las tardes. No había maquinitas ni videos, y los amigos nos dividíamos en grupos antagónicos: o jugábamos “cascarita”, o unos éramos policías y otros ladrones.

Si hoy la velocidad de los pulgares en el Candy Crush o los Angry Birds lo permitiera, los niños jugarían a narco-alcaldes contra narco-policías, y algunos más justicieros a ser paladines de la autodefensa o la intervención federal.

En México las cosas son muy extrañas.

En cualquier parte del mundo una cruzada nacional contra la delincuencia tendría como objetivo central combatir a los bandidos, bandoleros, delincuentes, traficantes, vendedores de protección, cobradores de piso, chantajistas, secuestradores, similares y conexos. Pero aquí no. Aquí basta con actuar (o debería bastar) contra los policías, quienes son el surtidor, la tapadera y la garantía de operación de todos los anteriores.

Por ejemplo, la información divulgada como consecuencia indirecta de la aún no resuelta desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, nos explica cómo han sido tomados por el gobierno federal trece municipios guerrerenses y uno mexiquense –además de Iguala y Cocula– para evitar la operación –desde dentro– de la delincuencia organizada en sociedad criminal con  los servidores públicos de los ayuntamientos. Ahí comienza una escalera cuyo fin todavía no conocemos, pero muchos imaginamos.

Así pues ya no se juega a policías y ladrones, sino policías malos y policías buenos. ¿Cuáles son cuáles?

Por lo pronto el escándalo ya cubre Taxco, Arcelia, Teloloapan, Apaxtla, Coyuca de Catalán, Tlapehuala, Picaya, Ixcateopan, San Miguel Totolapan, General Canuto Neri y Pungarabato, en Guerrero, e Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, infiernos donde el caldero del diablo está a punto de hervor.

El asunto podría explicarse mediante la rivalidad de bandas (ahora se les llama cárteles) –Los Rojos contra Los Guerreros Unidos—, y la intervención federal, mediante la Marina, el Ejército y la PFP, se explica para desmantelar las redes de complicidad gracias a las cuales los delincuentes pueden operar en condiciones de impunidad.

Parte de los costos operativos de los criminales consiste en el pago de dádivas a los alcaldes a quienes les imponen a los jefes de seguridad pública quienes instruyen a sus elementos policiacos para brindarles protección o disimulo (cuando no ambas cosas) a los delincuentes para el mayor florecimiento de sus negocios… y así hasta el infinito y más allá.

Por eso cualquier acción contra la delincuencia debe comenzar por la ruptura del sistema protector, el cual ha probado su eficacia mediante el sistema de “capilaridad”; es decir, de abajo hacia arriba y eso sólo se logra tomando el control de las policías locales.

¿Y cuantos son estos policías locales, municipales o estatales en riesgo de sucumbir a la tentación?

Pues son poquitos: nada más 450 mil en todo el país, cantidad superior a los hombres bajo banderas del Ejército Nacional.

Así pues, ¿todavía quiere usted jugar a los policías y los ladrones?.

EL MONJE LOCO: A la cifra oficial de 22,322 desparecidos en lo que va del sexenio, sume a los 43 normalistas de Ayoztinapa– ¿Cómo es posible que se los hayan llevado –hoy hace 25 días– sin que nadie sepa nada aún, y que en la búsqueda incesante –hasta con perros, caballos y buzos– vayan apareciendo más y más cadáveres de los que tampoco se sabe nada?. Por eso José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas deHuman Rights Watch (HRW), además de criticar la reacción tardía del Presidente, asegura que México vive la peor crisis de derechos humanos desde 1968; la desaparición de los estudiantes y el hallazgo de las muchas fosas clandestinas mientras se les busca son muestra de la degradación más profunda en la que ha caído el país en ámbitos como la justicia, la violencia, la vigencia de los derechos humanos, la corrupción y la impunidad… y más leña arrima al fuego el sacerdote Alejandro Solalinde quien dice haber recibido dos testimonios según los cuales los normalistas desparecidos habrían sido quemados vivos por policías guerrerenses y no por el crimen organizado como se nos ha hecho creer…