Indicador Político/Carlos Ramírez

Elecciones 2015

La lógica ilógica de la crisis

Para usar una imagen que se ha popularizado en los medios, los partidos políticos aún no entienden la profundidad de la crisis política o de plano no entienden que no entienden.

La nominación de candidaturas, la distribución del mismo voto en varias organizaciones y el regreso a los partidos como propiedad de la oligarquía

dirigentes indican que los candidato para el 2015 y por tanto del proceso electoral en sí mismo estará ajeno a la realidad política del país.

Los mecanismos partidistas han sido los mismos para nominar candidatos que si se vivieran años de tranquilidad. Los casos de Michoacán y Guerrero ejemplifican la inconciencia de las dirigencias partidistas y las nominaciones han sido producto de negociaciones entre grupos y sin tomar en cuenta para nada a la sociedad.

En Michoacán ya hay tres candidatos definidos, pero ninguno tiene un diagnóstico de la crisis: dos gobernadores defenestrados, un gobernador interino en la cárcel, el hijo de otro gobernador que estaba en funciones también en prisión por trabajar para el crimen organizado y el medio hermano de otro gobernador sigue prófugo de la justicia con una orden de aprehensión en su contra. Y los partidos sin realizar ningún cambio interno que refleje la comprensión de la crisis.

Lo grave del asunto es que el crimen organizado sigue latente en Michoacán porque las autoridades aún no han aprehendido a Servando Gómez La Tuta, el principal capo del narco en el estado, con capacidad para fitrar mensajes en los medios y con la protección de la sociedad. A ello se ha agregado el fracaso del modelo de las autodefensas –copiado del viejo oeste estadunidense del siglo XIX y del México de mediados de siglo XIX cuando Juárez creó las guardias rurales– porque no ha sido más que la legalización de un grupo criminal para enfrentar a otros.

Las campañas de los tres candidatos en Michoacán se perciben muy tradicionales, ajenas a la realidad social de hartazgo del crimen por la incompetencia de policías, gobiernos y partidos y a la espera de un verdadero programa eficaz de lucha contra la delincuencia. El PRI quiere recuperar la plaza, el PRD considera a Michoacán como propiedad cardenista y el PAN carece de votos pero la candidata es la hermana del presidente Calderón, quien inició justamente en Michoacán en 2007 la estrategia de lucha contra la delincuencia.

El que gane tendrá poca capacidad de gobernabilidad porque ya se experimentó todo. Lo malo para Michoacán es que se esperaba un acuerdo pluripartidista para una lucha conjunta pero los pedazos de estrategia de los partidos no completaban un buen programa. Y en sus propuestas de cada uno sólo hay demagogia e incomprensión estratégica de lo que ocurre en Michoacán.

En Guerrero están peor las cosas. La plaza la ganó el PRD con el empresario priísta Zeferino Torreblanca en abril de 2005 pero entregó pésimas cuentas y casi echado del PRD; luego el PRD ocupó la gubernatura con el priísta Angel Aguirre, hasta que la matanza de estudiantes normalistas en Iguala hubo de sacarlo del poder. Sin embargo, la crisis política del PRD en Guerrero tiene dos variables: Aguirre que controla los hilos del poder y el PRD que cree que el estado es de su propiedad.

Frente a estas posiciones del PRD ajenas a la crisis, el PAN carece de fuerza y sólo buscará negociar su declinación con el que pueda ganar. Igual que lo hizo en el 2011 cuando apoyó al priísta-perredista Angel Aguirre, aunque sin algún programa conjunto firmado. El PAN ha perdido la oportunidad de construir instituciones políticas en Guerrero y sólo se mueve en función del mejor postor.

El PRI tenía la plaza pero la perdió por violencia institucional. Cinco gobernadores en el siglo XX fueron destituidos por reprimir la protesta social. Las victorias del PRI hacia finales del siglo se debieron a una oposición desarticulada. Ahora el PRI viene con un candidato débil que ya perdió una elección de gobernador. Lo significativo del PRI en Guerrero es que tampoco ha construido un partido nuevo y más social y menos se ha preocupado por tener candidaturas sociales. Las posibilidades de victoria del PRI no dependen por fuerza propia o calidad política sino que estarán determinadas por la división en el PRD y el ajuste de cuentas de la sociedad por el secuestro y asesinato de normalistas ordenado por el alcalde perredista de Iguala y avalados por el gobernador perredista del estado.

En las listas de candidatos a diputados federales tampoco habrá novedad. Las nominaciones han sido producto de juego internos de fuerzas, de recomendaciones de grupos dominantes y de circunstancias fortuitas, no de una intención política para cambiar los signos adversos de una política basada en la violencia. Y lo peor del asunto es que en la próxima legislatura comenzará el modelo de reelección de diputados, lo que ofrece el panorama teórico de que cada candidato de ahora podría tener condiciones para quedarse en el cargo a lo largo de doce años.

En el DF la crisis también tiene sus perfiles: el dominio del PRD va a disminuir por el fracaso en la gestión del poder y los casos cada vez más flagrantes de corrupción, además de la división perredista por el partido de López Obrador y el papel de Miguel Angel Mancera al frente de su grupo que no es el mismo de la dirigencia nacional en funciones del PRD. La posibilidad de que el PRI y el PAN ganen algunas posiciones ha comenzado a preocupar al PRD y podría llevarlo a un endurecimiento de sus prácticas políticas electorales, sin duda que iguales y hasta peores que las del PRI.

Las dirigencias políticas del PRI, PAN y PRD han carecido de liderazgo para reconstruir los partidos y decidirán nominaciones en función de un reparto del pastel electoral. Así, la conformación de la próxima cámara de diputados tendrá menos homogeneidad de la esperada y necesaria y con ello se perfilan desde ahora problemas para la construcción de alianzas en torno a las reformas que necesitan el sistema político y el régimen de gobierno. Ello adelanta el temor de que no haya en el próximo congreso los acuerdos necesarios para atender los pendientes de la crisis.

La sociedad, por su parte, parece haber descontado la crisis legislativa que viene. Las tendencias de asistencia a las urnas estaría localizándose ahora por debajo de la línea de flotación de legitimidad del 50% de participación, aunque hay algunos analistas que estarían hablando de una abstención inclusive mayor a 60%. Lo de menos es que el congreso funcione con una participación electoral de 40%; lo preocupante es que las decisiones legislativas carecerán de la legitimidad del refrendo electoral.

Y para completar el cuadro, los partidos políticos llegarán tan fracturados hacia su interior y sin fuerza hacia el exterior que será difícil lograr el consenso para reformas estructurales que urgen. Más que la viabilidad del sistema político, las reformas necesarias hablan de la sobrevivencia del sistema político. El país no puede seguir funcionando con crecientes protestas sociales que se sustentan en la acción directa y que buscan la negociación también directa con los titulares ejecutivos de las decisiones.

A pesar de los análisis que hablan de una profunda crisis del sistema político, los partidos, sus dirigentes y sus cuadros medios siguen estando ajenos a la comprensión de la crisis y por tanto estarán lejos de acuerdos para reformas estructurales indispensables. En los últimos dos años han crecido exponencialmente las protestas sociales y han atrofiado las calles porque ahí se busca la imposición de demandas y no la negociación de políticas públicas. Ha habido más acuerdos por presión callejera que por negociación institucional.

El desafío de las elecciones del 2015 no radica en saber el reparto de curules sino en tener datos que nos prueben que las élites políticas ya han entendido la profundidad de la crisis política y llegarán decididos a resolverla. Y por lo que se ve, los partidos están lejísimos de la comprensión de la crisis; ellos quieren su curul y nada más.

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