Café para todos/Alberto Carbot

La senadora Mely Romero Celis, continúa como una de las mejores opciones para encabezar al PRI en colima

Como desde el inicio de la crisis generada por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en septiembre pasado, las protestas siguen vivas y mantienen en vilo al gobierno, pero sin duda alguna a 4 meses de ese indeseable acontecimiento, ahora presionan para reventar las elecciones en el estado de Guerrero.

El tiempo sigue pasando y el gobierno requiere mantener una estrategia adecuada para neutralizar el movimiento a fin de evitar que se radicalice, y que impida la celebración de las elecciones en esa convulsionada entidad.

Decenas de miles de personas volvieron a marchar este lunes por las principales calles de la capital y de otras ciudades de México y el extranjero, para recordar la fecha, a fin de exigir justicia y la localización de los jóvenes.

Las manifestaciones callejeras asfixiaron la capital y generaron como siempre molestia y desesperación de los habitantes de diversas localidades. A la vanguardia de las marchas, los manifestantes portaban grandes carteles con las fotos de los desaparecidos, mientras coreaban consignas alusivas.

Esta vez por fortuna no hubo mayores estropicios de parte de los llamados “anarcos” y los grupos radicales ligados a los normalistas y al movimiento disidente magisterial.

“No permitiremos que se pongan en riesgo la seguridad, el patrimonio y los bienes, tanto de manifestantes como de la sociedad en general”, había dicho el jefe de la Policía, Hiram Almeida, poco antes de iniciarse las protestas.

El jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, garantizó seguridad y  respeto a las protestas durante la jornada, así como protección a los bienes y a las personas de la capital, garantizando el derecho a la libre manifestación, aunque el monto de las pérdidas -de acuerdo a las cámaras de comercio-, fue millonario.

Los padres de los desaparecidos mantienen su demanda a las autoridades de fortalecer la investigación del caso, con elementos científicos de prueba irrefutables, y no formular conclusiones a partir solamente de declaraciones de los detenidos.

“Nadie puede decirle a los padres: acepten ya que sus hijos están muertos, ni siquiera la autoridad”, dijo Felipe de la Cruz Sandoval, vocero de los padres de los estudiantes, quien no sólo no es familiar de ningún desaparecido, sino que cobra 35 mil pesos mensuales -sin dar clases- como maestro de la CETEG,

Por lo pronto, este martes el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, declaró que para el gobierno mexicano hay una completa certeza legal de que los 43 estudiantes desaparecidos hace cuatro meses, fueron asesinados.

Esta conclusión se basa no sólo en testimonios, sino en dictámenes científicos, pruebas periciales y otras evidencias sólidas, afirmó el responsable de las investigaciones del caso que ha generado la peor crisis política y social en dos años de la gestión del presidente Enrique Peña.

Murillo afirmó que las declaraciones de los más de 90 detenidos -entre ellos el alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, así como policías municipales- fueron confirmadas por los elementos materiales con que cuentan.

Ya desde el pasado fin de semana, las autoridades habían difundido parte del expediente  del caso -que se supone está amparado por la secrecía- para divulgar declaraciones de Felipe González alias “El Cepillo”, el último de los más de 90 detenidos por el caso, quien admitió que personalmente mató a varios de los estudiantes.

El “vocero”, de la Cruz Sandoval, dijo que este testimonio repite lo mismo de otros supuestos acusados y “no aporta ningún elemento adicional”.

Intervendrá la comisión interamericana de derechos humanos

En unos días más, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegarán a México para brindar asistencia técnica en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, que como se recordará, habían arribado a la ciudad de Iguala a bordo de varios autobuses que habían secuestrado, para supuestamente “recaudar” fondos destinados a financiar las protestas del 2 de octubre en la ciudad de México.

De manera inexplicablemente -si de “recaudar” se trataba-, ¿por qué no se dirigieron entonces a Chilpancingo, que se halla a unos 20 minutos de la zona de Ayotzinapa, y por qué sí a Iguala, que dista a una hora y media de recorrido? ¿Intentar obtener fondos ya entrada la noche? ¿Una semana antes del 2 de octubre? Esas son interrogantes que deben ser respondidas para entender la cabalidad de los hechos

¿Qué sigue ahora? No será fácil contener a los grupos violentos ni convencerlos de que depongan sus actitudes, pero el secretario Osorio Chong deberá demostrar que es un hombre receptivo. Luego de las manifestaciones, llamó a superar el asunto “con acciones y trabajo” y dijo que las acciones nos corresponden a nosotros como gobierno, pero también a la propia sociedad que debe trabajar a su lado para resolverlo. “No se confunda el nicho del dolor ni de tragedia que vivimos todos los mexicanos”, afirmó el funcionario, quien reprobó los llamados a cancelar las elecciones en Guerrero, porque se genera más conflicto”.

Hasta ahora las autoridades se han mantenido cautelosas sin recurrir a la tentación de la mano dura, a pesar de que los efectos en la economía guerrerense son cada vez peores.

Es momento de frenar a los violentos para evitar el boicot a las elecciones porque es claro que lo que quieren es reventarlas e impulsar iniciativas como las aplicadas en Chiapas con los llamados “caracoles”, sin que existan las mismas condiciones -por ejemplo, en Guerrero pocos lugares están regidos por los llamados “usos y costumbres”-, o bien que se elija a gobernantes por dedazo en asambleas locales dominadas por grupos rebeldes.

Por el momento, aconsejados por grupos radicales, los padres de los estudiantes consideran que los jóvenes están aún vivos y pidieron investigar al ex gobernador Ángel Aguirre -quien se vio precisado a renunciar a raíz del caso-, y al Ejército, para determinar su papel en el asunto.

Exigen también que se les permita visitar todos los cuarteles militares, ante la presunción de que allí podrían encontrar evidencias de que fueron detenidos por el Ejército mexicano.

Grupos extremistas -entre ellos la guerrilla guerrerense, que al parecer no se ha extinguido-, han convencido a los padres de la peregrina idea de que están escondidos ahí los estudiantes, como ocurrió con algunos detenidos del movimiento del 68, pero entre algunos analistas existe la creencia que hurgar en los cuarteles, en realidad le permitiría a la guerrilla obtener información vital de cómo son por dentro estas instalaciones castrenses, lo que les permitiría allegarse valiosos datos para acciones futuras.

Por lo pronto, en esta etapa preelectoral, seremos testigos del recrudecimiento de las acciones violentas por parte de quienes le apuestan a usar el descontento social para obtener el jugoso botín que supone la conquista de regidurías, alcaldías, diputaciones y senadurías. Pobre México.

Granos de café

Hemos comentado que en Colima, la gran opción para entrar al quite en un escenario polarizado, por su competitiva oferta política y posicionamiento en el electorado, es la Senadora Mely Romero Celis, quien logró ese escaño con una votación de más de 130 mil votos para el PRI, superando incluso la que obtuvo Enrique Peña Nieto en la entidad.

Naturalmente las nuevas reglas propuestas por la dirigencia nacional priista representan una prueba para medir el músculo de cada uno de los aspirantes y en este sentido es innegable que ella lo tiene probado y demostrado por su amplia ascendencia sobre los colimenses.

La postulación del o la candidata a gobernador del PRI en el estado de Colima tiene nuevas reglas o disposiciones a cubrir en cuanto a limpieza en el actuar de los aspirantes, lo que es una prueba de que el tricolor escuchará no solamente a su militancia y simpatizantes, sino a toda la sociedad. El plazo se vence el próximo sábado.

“Profesionalizar la selección de candidatos -dijo Romero Celis-, apuntala y solidifica la cultura democrática nacional, y contribuye a nuestra credibilidad de la política que quiere transformarse para beneficiar a los ciudadanos”.

Además de su condición de mujer, por la tendencia a la promoción de la equidad de género en la política partidista del PRI -por el desgaste surgido ante el antagonismo de  varios de los aspirantes-, ella representa una opción clara que logre unificar y conciliar proyectos.

El compromiso establecido por todos los aspirantes del tricolor a ese cargo de elección, conlleva también la génesis del cambio que se ha gestado al interior de ese instituto político, para dar plena transparencia a la selección de sus candidatos, lejos de los viejos modos impositivos en los que el respaldo social era lo menos importante.

Hoy la historia es muy distinta y lo prueba la civilidad con que una decena de aspirantes priistas -Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis, Federico Rangel Lozano, José Ignacio Peralta Sánchez, Enrique Rojas Orozco, Rogelio Rueda Sánchez, Carlos Cruz Mendoza, Rafael Gutiérrez Villalobos, Arnoldo Ochoa González y Nabor Ochoa López-, acudieron recientemente a la ciudad de México, respondiendo a la convocatoria que les hiciera el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, para presentar una candidatura fuerte, pero por sobre todo de unidad, para que la disputa sea con los opositores en las urnas y no al interior del tricolor.

Romero Celis ha venido creciendo significativamente en la intención del electorado. La clase política y empresarial y las organizaciones ciudadanas han externado su respaldo a la legisladora, en sus propósitos por obtener la candidatura.

En su ánimo de llegar a la gubernatura, habrá que abonarle el que quizá su mayor ventaja sea el no estar confrontada con ninguna facción; es bien vista, porque representa juventud y capacidad, pero sobre todo, ante los ojos de su partido, posee además una gran rentabilidad electoral.