Café para todos/ Alberto Carbot

* LAS PROTESTAS POLITÉCNICAS, RESULTADO DE UN GRAVE ERROR DE CÁLCULO DE LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO

El estado de Guerrero parece condenado a vivir bajo permanente violencia y otra vez está que arde. Al terror generado por el crimen organizado se suma también la violencia política y social.

El pasado fin de semana ha sido trágico en este sentido. El viernes, en Iguala, 6 personas murieron y 17 resultaron heridas, tres de ellos estudiantes, un futbolista, una ama de casa y un taxista, en confusos tiroteos que unos atribuyen a policías municipales y otros a sicarios o a una combinación de ambos.

Como resultado de esta acción, hasta este lunes se hablaba de la desaparición de 58 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, ubicado en la localidad de Tixtla, y de la licencia forzosa del alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca.

Finalmente éste la presentó ayer al mediodía, y aunque estima que sólo requerirá de 30 días para aclarar los hechos, parece que su destino político ya está sellado y seguramente será acusado de este y otros delitos.

Este lunes, integrantes del comité estudiantil de Ayotzinapa -involucrada en numerosas movilizaciones que han logrado inclusive cerrar la Autopista del Sol-, marcharon por las calles de Chilpancingo para exigir la aparición de sus compañeros.

Sin reflexionar en sus dichos, dirigentes estudiantiles aseguran que algunos de los normalistas se hallan detenidos en el cuartel del 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala y otros, refugiados en cuevas y madrigueras de los cerros colindantes.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, calificó de increíble esta aseveración y dijo que la autoridad federal es la más interesada en saber qué pasó, por lo cual se trabaja para definir responsabilidades.

“Hay que definir cómo se dio la indicación, si es que la hubo, de enfrentar a tiros una manifestación”, afirmó.

Los estudiantes que marcharon, originalmente pidieron al Congreso federal que inicie juicio político al gobernador  Ángel Heladio Aguirre Rivero y solicitaron a la legislatura de Guerrero la destitución del alcalde José Luis Abarca, a quien se acusa de ordenar la agresión y también se presente a declarar el secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez.

Inicialmente, Abarca dijo que se hallaba en una fiesta cuando supo del tiroteo y ordenó que los agentes a su cargo no cayeran en ninguna provocación, testimonio que luego echó por tierra el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, quien indicó que al comunicarse con el alcalde de Iguala, éste se hallaba dormido.

“Me contestó (José Luis Abarca) aproximadamente a la 01:40 de la mañana; él estaba absolutamente dormido y me explicó que no sabía nada de esos hechos (…) pedí que me enviara con un esquema protocolario las actuaciones de su secretario y hasta el momento no he recibido nada”, aseveró Martínez Garnelo.

La dirigencia estudiantil señaló que “la prioridad en este momento es localizar a nuestros compañeros” y responsabilizaron al hoy alcalde con licencia de cualquier atentado en su contra, al señalar que en la ciudad se vive un ambiente de inseguridad y terror.

El gobierno de Guerrero anunció una investigación y movilización de las fuerzas de seguridad para localizar a los estudiantes supuestamente desaparecidos.

Hasta el momento no se conoce a ciencia cierta lo que ocurrió el viernes pasado, ya que la violencia estalló de manera inexplicable cuando 2 autobuses secuestrados por los normalistas se dirigían hacia Iguala con 110 estudiantes a bordo, para realizar protestas previas a la conmemoración de la Matanza de Tlatelolco. Lo curioso es que la movilización coincidía con el informe de gobierno del alcalde.

Los vehículos fueron atacados por policías municipales y presuntos sicarios poco antes de llegar al centro de Iguala y además -quizá por equivocación-, tirotearon otro autobús que trasladaba al equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, de tercera división, creyendo que eran también estudiantes.

El gobierno federal ordenó la detención de 22 policías municipales y los sustituyó por efectivos del Ejército y la Policía Federal.

La pregunta que cualquiera se hace es ¿qué necesidad habría de atacar a los estudiantes, como no fuera de impedir su paso para estropearle la fiesta al presidente municipal, quien de todas maneras tuvo que cancelar su informe de actividades?

LAS DESGRACIAS NO LLEGAN SOLAS EN GUERRERO

Sin embargo, las desgracias no llegan solas. El domingo en la mañana, mientras desayunaba en un restaurante de un conocido hotel en Acapulco, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, Braulio Zaragoza, fue asesinado por desconocidos, que le quitaron la vida de tres disparos. Un familiar de Zaragoza contó que él había acudido a una reunión de trabajo con el regidor municipal de Acapulco, Jorge Pérez.

Gustavo Madero, presidente del PAN a nivel nacional, condenó el asesinato y exigió a las autoridades estatales y federales esclarecer este hecho y castigar a los asesinos.

Parece ser que en Guerrero cuando no los golpea un huracán, les pega la violencia del narco o la violencia social y política.

Incluso, la situación obligó al presidente Enrique Peña Nieto a cancelar una visita programada al puerto de Acapulco, donde inauguraría un puente que se había caído el año pasado debido al paso del huracán Manuel.

Para colmo, este lunes por la tarde surgió la noticia sobre el asesinato de 5 personas en la zona poniente de la ciudad veraniega, cuando un comando armado ingresó a la colonia Jardín Mangos y disparó contra las víctimas.

El propio Procurador de Justicia Iñaky Blanco admitió que en Iguala hubo un “desmedido uso de la fuerza” y habría que preguntarse con qué objetivo o quién estaría interesado en que el panorama político y social se siga descomponiendo.

La situación social en el estado no había sido buena en los meses recientes, pero mal que bien el turismo comenzaba a regresar y la actividad económica se estaba normalizando.

Guerrero es un estado en perpetua violencia. Apenas el 28 de junio, unas mil personas marcharon desde la comunidad de Aguas Blancas hacia el vado del mismo nombre, para recordar la matanza que ocurrió hace 19 años en el municipio de Coyuca de Benítez, en la región de Costa Grande.

Como se recordará, en ese lugar ocurrió el trágico asesinato de 17 campesinos pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) por elementos de la policía estatal motorizada, el 28 de junio de 1995.

Como ahora los policías municipales de Iguala, en ese entonces no se entiende claramente cómo fue que los agentes del estado dispararon contra una comitiva de campesinos que viajaba en un autobús por órdenes aparentes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, como no sea para frenar a toda costa su avance.

En esta protesta para rememorar esa dramática matanza, se denunció que 13 dirigentes de organizaciones sociales han sido asesinados en la administración de Ángel Aguirre Rivero.

Curiosamente en esa movilización participaron también estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, al lado de grupos como la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

En esta situación tan delicada, hará falta que la Procuraduría General de la República (PGR) intervenga ejerciendo su facultad de atracción para investigar qué fue lo que realmente sucedió.

Es extraño que el PRD no haya reaccionado de inmediato ante este acontecimiento en el que se vio involucrado uno de sus miembros.

Es urgente que se presenten a los estudiantes supuestamente  desaparecidos y que si realmente hay evidencias de que los policías participaron en este episodio, se les castigue con todo el peso de la ley, pero sobre todo a quien dio la orden de disparar contra los estudiantes.

Resulta paradójico que cuando el país se apresta a recordar una vez más la matanza de estudiantes de Tlatelolco en 1968 ocurra un fenómeno que, aunque de menor dimensión, no es reflejo de cómo ha evolucionado el país décadas después de ese infausta coyuntura.

El enfrentamiento entre policías y estudiantes de la normal de Ayotzinapa marca un capítulo más de una larga historia, pues se sabe que los alumnos de esta escuela han protagonizado numerosas protestas en diversos sitios del estado ya que se oponen junto con la CNTE a la reforma educativa aprobada el año pasado.

No se trata de un colegio superior cualquiera. Por sus aulas pasaron personajes como los famosos guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, que encabezaron en las décadas de 1960 y 1970 organizaciones rebeldes. Por eso y muchas razones más urge que se esclarezca el asunto.

No obstante, hay que hacer notar que los estudiantes de cualquier institución de gobierno, maestros de la CNTE, integrantes del ex Sindicato Mexicano de Electricistas SME o afiliados al PRD o MORENA no son los dueños del país; ellos deben reconocer que son sólo una pequeña parte del conglomerado social, que en su gran mayoría quiere vivir y trabajar en paz y que sus protestas deben realizarse por los cauces legales.

Sin duda, el Estado debe utilizar todos los recursos a su alcance para garantizar la seguridad de la población, y esta es una obligación irrenunciable. Pero si los transgresores o inconformes no hacen uso de las armas, tampoco se les debe reprimir, balas de por medio, como ya se ha hecho costumbre en Guerrero y otras entidades del país.

GRANOS DE CAFÉ

Resulta más que evidente que existió un grave error de cálculo por parte de las autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN) quienes hoy se dicen sorprendidas por la reacción de la comunidad estudiantil, a grado tal, que fueron incapaces de operar una respuesta satisfactoria que detuviera el avance del conflicto y su aprovechamiento por elementos externos que están prestos a capitalizar la protesta politécnica.

Y parece que la advertencia de Yoloxóchitl Bustamante, directora general del IPN, respecto de la infiltración del movimiento estudiantil contra el nuevo reglamento interno de la institución -y el cambio de planes de estudio de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA)-, no carece de fundamentos, ya que el movimiento parece radicalizarse a pesar de que se anunció que el proyecto sería realmente sometido a la consideración de la comunidad politécnica e incluso, invitarla a participar en los cambios

Si bien como autoridad, el Consejo General Consultivo tiene la potestad de modificar el marco normativo del IPN, también lo es la esencia combativa de su comunidad, que debió ser informada de los cambios hechos al reglamento, antes de pretender publicarlo -como no ha ocurrido aún-, en la Gaceta Oficial del IPN.

En un escueto comunicado las autoridades informaron que a partir de ayer lunes 29 de septiembre, en la página institucional www.ipn.mx estará al alcance el Reglamento Interno para que la comunidad del instituto revise y conozca puntualmente la versión final de éste, aunque son innumerables las quejas por el mal funcionamiento de las herramientas de Internet de la propia institución. Se comenta que personal docente y académico -al igual que la comunidad estudiantil-, se enfrenta a graves problemas de acceso al portal politécnico.

No es el caso del pretendido nuevo Plan de Estudios de la ESIA, cuya implementación  ha sido pospuesta para el 2015.

El IPN difundió: “En la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Zacatenco, ya se ha restablecido el Plan de Estudios 2004. Durante este año se trabajará en la revisión del nuevo Plan, a aplicarse en  2015, con la participación de la comunidad de la Escuela.

Por su parte la comunidad politécnica radicalizó su posición al exigir no sólo la anulación de los cambios, sino también la cabeza de la directora general. Además, demandan el rediseño del Reglamento Interno, porque fomenta la verticalidad en la toma de decisiones del titular de la Dirección General, al eliminar funciones al Consejo General Consultivo, al Consejo Técnico Consultivo Escolar y a otras formas de representación como el Colegio de Profesores. A ver cómo resolverán este conflicto, porque al parecer las marchas de protesta son sólo el primer capítulo del candente asunto politécnico… Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección [email protected]